El abuso de licencias docentes, un debate necesario

El asunto de los mentados abusos en las licencias docentes no es nuevo ni exclusivo de alguna provincia. Nada de eso, se extiende por las distintas regiones de la geografía nacional, y no sólo genera desvíos presupuestarios, sino también perjuicios académicos y, por supuesto, desigualdades entre aquellos que trabajan en forma responsable y los que no. Sabido es que hay suplencias de suplencias y que, en virtud de ello, tres sueldos para un mismo cargo.

Muchas veces se lo intentó combatir, pero no es tarea sencilla a raíz de la resistencia gremial, que amenaza con paros y con tomar al alumnado de rehén. No todos los casos son iguales, pero la prolongación de este problema en el tiempo ilustra a las claras sobre su complejidad (y la necesidad de abordar el debate).

El asunto recobró notoriedad este sábado, cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a los recursos que se van en licencia docentes. “Escuchaba el otro día al gobernador, creo que era de Santa Fe, que dijo cuando se hizo cargo que tenía un problema porque tenía un 25% de los recursos destinados al sector docente que estaba pagando y que no concurrían por licencia, o lo que fuera”, dijo y agregó que se trata de un tema que hay que discutir “en serio”, porque “los recursos son escasos y tenemos que hacerlos valer”. “Tenemos que discutirlos, porque si no queremos discutir nosotros, vienen otros y nos discuten desde afuera y desde un lugar de porquería, que no es que les interese que los pibes sepan”, reforzó (sin perder la oportunidad de responsabilizar a los otros).

El gobernador de la provincia aludida, Maximiliano Pullaro, tiene coincidencias (aunque no absolutas) con el presidente Javier Milei y busca solucionar el elevado nivel de ausentismo docente; tanto que decidió otorgarles un “premio” (monetario) a aquellos maestros que no falten a su trabajo.

El asunto no sólo es transversal, sino también añejo. Alcanzará con recordar que, en 2008, cuando era jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri también tuvo que lidiarla contra este mal y difundió datos sobre “abusos y procedimientos irregulares” en las licencias médicas en general. Luego, en 2013, volvió decididamente a la carga y puntualizó en el caso de los docentes. Claro está que no fueron los únicos capítulos de la puja, sino que hubo muchos más.

Por otro lado, en agosto de 2012 cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires (y referente del kirchnerismo), Daniel Scioli resolvió revisar el gasto en Educación por licencias de docentes, y anunció que limitaría las suplencias. “El promedio de ausentismo nacional es del 24,18% y el provincial se encuentra en  rangos similares”, se quejó en aquel momento.

¿Logró solucionarlo? La respuesta es no. Al menos, no como se esperaba. De hecho, en marzo de 2018, la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, envió un duro mensaje a los gremios docentes, a los que acusó de tomar de “rehenes a los alumnos” y denunció públicamente no solo el problema del “ausentismo”, sino también el de las “licencias truchas”.

“No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo, tenga la licencia por maternidad que le corresponde o se tome vacaciones. Tampoco estamos discutiendo que necesite una licencia para estudiar y perfeccionarse. Estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17% en las escuelas públicas contra el 5% en las escuelas privadas, incluso las que reciben subvención estatal”, acusó.

Aquí, en la provincia de Neuquén, el asunto este de las licencias también escribió su capítulo y quien salió a combatirlo fue el entonces ministro de Gobierno y Educación (y ahora diputado nacional) Osvaldo Llancafilo. Durante su gestión al frente de esa cartera realizó una auditoria externa, reforzó el área de salud ocupacional y logró que aumentara el promedio de altas mensuales a 500, cuando antes apenas se llegaba a 200. “Con esta auditoría hemos logrado un ahorro de 272 millones de pesos en el último mes (mayo de 2023) que corresponden a inasistencias médicas injustificadas, lo que impacta directamente en la liquidación de sueldos, pasando de un 29% de pago de licencias por certificado médico a un 25% respecto de septiembre de 2022”, señaló.

Se detectó, además, que a lo largo de 2022, un mismo profesional había emitido 34 certificados en un solo día; mientras que otro profesional había denunciado que circulaban certificados con su sello y firma falsificada. Se investigó y se detectaron 188 certificados truchos. El seguimiento encontró continuidad. De hecho, el nuevo gobierno provincial tiene como premisa el cuidado extremo de los recursos del Estado y, en función de ello, puso en marcha estrictos controles en todas las áreas de la administración pública, incluido el sector docente. Ahora los controles llegan a todos los organismos.

En fin, el hecho de que la problemática haya vuelto a escena quizá sirva para avanzar en aquello que se ha mejorado o para implementar nuevas acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación y a cuidar los recursos del Estado, a lo largo y ancho del país. Por lo pronto, la propensión al paro y las ausencias reiteradas han llevado al gobierno de Milei a redactar un proyecto para que el Congreso de la Nación declare servicio esencial a la educación.