La culpa y la Neuquén que viene
Mientras en el país el tema de la corrupción en el Estado y la política tiene su propio vuelo, y un lugar destacado en la agenda de las campañas políticas que apuntan al 22, en Neuquén, provincia en la que ya se votó y eligió gobernador, una causa judicial armada a partir de la estafa con planes sociales avanza, con 27 imputados y una primera línea de supuestos cabecillas del desfalco, integrada por cinco ex funcionarios.
No es un detalle menor de la política neuquina esta causa, sino esencial y compatible con la necesidad de cambio que denota la organización del Estado. En Neuquén, el Estado es recaudador por excelencia, no solo de impuestos, sino de la renta que dejan los hidrocarburos; por ende, es un mega Estado, una gran organización que, a veces, se atribuye el comando total de una sociedad con fuerte demanda sobre ese poder institucional. La causa de los planes sociales puso sobre un impúdico tapete cómo esa gran masa de dinero, a la hora de repartir, fluye por ríos pecaminosos.
La organización integrada por funcionarios provinciales, punteros, militantes y algunos de prontuario simplemente delictivo, era liderada, según los fiscales que sustancian las pruebas del caso, por Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Que se haya imputado, en la semana que pasó, al ex ministro del área y al coordinador de la administración del ministerio, implica un tremendo hecho político contra la “casta” neuquina que ha gobernado la provincia desde la década del 60 del siglo pasado. No puede disimularse de ninguna manera: los hechos reunidos como pruebas por los fiscales cubren situaciones desde el año 2020, cuando comenzó la pandemia.
El momento en que la ayuda social del Estado fue más necesario, fue precisamente el elegido para perpetrar un fraude al Estado nunca antes visto, o, por lo menos, no visto públicamente: casi 160 millones de pesos, dicen los fiscales, que, en lugar de ir a los menguados o inexistentes bolsillos de personas carecientes, fueron a parar a los de funcionarios mayores o menores, para uso de la política o bien, directamente, personal. Más de 9.300 hechos concretos del fraude se acumulan en los expedientes de esta revulsiva causa.
Antes de las elecciones de abril, la causa podía ser motivo de interpretaciones a favor o en contra del actual gobierno neuquino y sus extensiones electorales; esa circunstancia pasó, la causa siguió su instrucción incesante, y se encamina al período resolutivo, ya despegada de cuestiones electorales, pero, también, sin romper con un fundamento indispensable que la auspicia y justifica: el poder político usado como herramienta delictiva. La pregunta, que debería hacerse sin culpa alguna, es: ¿Pagarán, de alguna manera, su responsabilidad política, quienes convivieron con semejante estafa, desde lugares importantes de conducción del Estado, esos en los que se toman decisiones y se elaboran estrategias?
La mirada retrospectiva solo podrá mostrar culpabilidades, ineficacias, desprolijidades y distracciones. Hay otra mirada, más importante: la que enfoca el futuro, la que avista lo que vendrá. Algo tendrá que cambiar, esa mirada, en la organización laberíntica del Estado, para que nadie tenga la oportunidad de malversar el dinero que le pertenece, sin duda alguna, a la sociedad neuquina, no a quienes gobiernan su administración.
