El declive de la clase media, en el presente distópico
Con la inflación en niveles asfixiantes, el poder adquisitivo en constante declive y un horizonte que -al menos hasta ahora- no ofrece perspectivas para la clase trabajadora, Javier Milei se despojó de las doctrinas que otrora sostenía y promueve lo contrario. “Antes de subir un impuesto me corto un brazo”, decía y ahora impulsa el regreso del impuesto a las Ganancias, considerado impuesto al trabajo. “El ajuste lo va a pagar la casta”, prometía y ahora les aumentó el sueldo a sus funcionarios, en medio de la crisis económica que heredó, pero que también profundizó (y mucho).
En el planteo del regreso de Ganancias también hay perversidad disfrazada de pretendida cintura política: lo plantea como alivio a las provincias, a las que les cortó ingresos como los subsidios a los colectivos y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Lo usa como herramienta en busca de apoyo a su plan de ajuste, pero varios gobernadores -entre ellos los de las provincias patagónicas- lo han rechazado en forma contundente.
En medio de ese tire y afloje con los mandatarios provinciales, salió a la luz que Milei había firmado un decreto con el que les otorgó un incremento salarial del 48 por ciento a los miembros del Poder Ejecutivo. La rúbrica la estampó en febrero, pero el asunto salió a la luz hace algunas horas y el presidente se excusó. Dijo que fue culpa “de un decreto firmado por Cristina Kirchner”, quien dejó de ser presidenta en 2015 y no volvió a ser candidata (porque no le dieron los números). También prometió que dará marcha atrás con el aumento salarial a la casta, al que juzgó “automático”. Las críticas abundaron y una de ellas fue la del diputado nacional y ex candidato a vicepresidente de la Nación con Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto. “Si Milei no sabe lo que firmó, estamos en problemas”, ironizó el rionegrino.
Las mejoras salariales a lo que Milei consideraba (o considera) la casta tiene antecedentes muy cercanos. De hecho, los diputados y senadores nacionales ya cobraron el aumento del 29,92 por ciento otorgado por los titulares de ambas cámaras: Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente. Eso también generó reproches y la promesa libertaria de borrar con el codo lo que se firmó con la mano.
Tal vez, los aumentos a los funcionarios no deberían generar tanto escándalo, ya que hasta serían lógicos en medio de la inflación. Pero, paradójico o no, es precisamente la crisis económica y social generada por esa inflación, la que pone en aprietos a un gobierno del que no puede decirse que no tiene rumbo, sino un rumbo que empuja escalones abajo a pobres y habitantes de la devaluada clase media. El camino frente al anunciado equilibrio fiscal está plagado de adversidades como incrementos de precios en los medicamentos (también de alquileres, cuotas de colegios, de servicios y de medicina prepaga), que decantan en situaciones penosas, como las dificultades para realizar tratamientos de salud.
En paralelo, aflora el declive. Según el INDEC, los trece insumos de la construcción que mide habitualmente arrojaron retrocesos en el orden del 21,7 por ciento (comparado enero de 2023 con el de este año), producto entre otras cosas de la paralización de la obra pública (provocada desde Balcarce 50).
No fue el único informe que le puso cifras a lo que se padece. El de la CAME arrojó un saldo alarmante para las pymes: en enero las ventas minoristas cayeron un 28,5 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Peor aún: en el rubro alimentos, las ventas tuvieron un derrumbe del 37,1 por ciento. Los clientes se exponen a la pesadilla de tener que dejar productos en la línea de cajas y los comerciantes a la incertidumbre respecto de la reposición de mercadería, ante la volatilidad de los precios.
Comienzan a verse y a sufrirse dificultades para hacer frente a los pagos (salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos) y el gobierno nacional debería realizar, al menos, correcciones antes de que se ponga en peligro la cadena de pagos.
El grupo siderúrgico Acindar (una de las empresas más poderosas del país) ya tomó sus propias medidas y anunció que paralizará sus plantas fabriles entre el 18 de marzo y el 15 de abril, debido a las fuertes caídas en las ventas que, según estimaciones de la empresa, oscilarían “entre un 35 y 40 por ciento”. Se dijo que es para evitar gastos y que se aprovechará para realizar tareas de mantenimiento, pero en el medio está la cuestión salarial. De hecho, en respuesta, la UOM (gremio de los trabajadores metalúrgicos) realizó un paro que tuvo acatamiento absoluto. Fue este jueves en La Matanza, conurbano bonaerense.
Topper Argentina fue otra de las grandes empresas que acusó el impacto, en lo poco que va del gobierno libertario. El ajuste se llevó los puestos (y con ellos las fuentes de ingresos familiares) de 85 trabajadores. Eso ocurrió en Tucumán, la única provincia que apoyó a Milei en su disputa con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien enfrentó a Nación luego de que esta le quitara -en forma “ilegal”- parte de la coparticipación. Topper argumentó los despidos en la “brutal caída de las ventas”.
Estos y otros datos de la realidad deberían motivar la reflexión de un gobierno con estirpe adolescente que, hasta ahora, agrede en redes y que -en maniobras supuestamente distractivas- se embarca en debates con personalidades que para la política son irrefutablemente menores, como una cantante a la que no es necesario mencionar. Mientras tanto, y en medio de este presente distópico, se suman los lamentos de votantes desencantados. Distópico es un vocablo que suele usarse en el mundo del cine, para aludir a un escenario imaginario que no se considera ideal, sino más bien todo lo contrario a lo que se deseaba. Urge, una vez más, la toma de decisiones para que la realidad no supere a la ficción (salvando las distancias, claro).
