La política pasa, otra vez, por Tribunales
El ámbito judicial argentino suele ser campo de batalla de la política, o, por lo menos, el escenario propicio para expresar conductas o situaciones que, de no pasar por allí, tal vez quedarían disimuladas en el intenso tráfico de palabras, consignas y lugares comunes acostumbrados en la inflamada retórica de las campañas. Esta afirmación se consolida por estos días en Neuquén, ya que dos situaciones judiciales tienen profundas implicancias políticas, directas, casi fatalmente direccionadas contra poderes que se creían absolutos, impunes, hojas que el viento del futuro no podía arrastrar.
El primer hecho judicial resonante afecta al MPN, todavía en el gobierno. Es el generado por el avance en la investigación de las presuntas estafas cometidas desde el ministerio de Desarrollo Social, en la ejecución de planes que el Estado paga a ciudadanos carecientes. Tres ex funcionarios de esa cartera fueron detenidos, y, posiblemente, continuarán con prisión preventiva después del lunes, involucrados por los fiscales del caso en maniobras irregulares que calificarían para sostener una “asociación ilícita”.
Según lo que se sabe hasta ahora de lo investigado, se llevó una “contabilidad paralela” a la oficial, para disimular fuertes y millonarias discrepancias con lo establecido. En concreto, se le pagaba a los beneficiarios mucho menos de lo que se recibía del propio Estado para tal efecto; y se destinaba esa diferencia -millonaria- para beneficio personal y/o de financiamiento político.
Durante la semana, fue detenido en un allanamiento Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; y, horas después, se entregaron Marcos Osuna, ex jefe del Departamento de Gestión de Programas; y Néstor Pablo Sanz, quien estaba a cargo de la fiscalización de esos planes. Los tres formaban parte del gobierno de Omar Gutiérrez cuando se concretó la presunta estafa. La fiscalía fue contundente cuando aseguró que tal práctica fue realizada “durante años”, sin precisar cuántos, ni cuánta plata involucró esa modalidad de engaño ejecutada con fondos públicos.
No hace falta decir que el caso salpica al gobierno, y al MPN como organización política. Es el mayor escándalo pero no el primero de la historia: todavía se recuerda el “caso de la polenta”, un resonante hecho delictivo que involucró al gobierno de Pedro Salvatori, allá por 1987. Entonces, buena parte de la polenta que se distribuía entre gente necesitada con las cajas PAN, una ayuda social nacional instrumentada por el gobierno de Raúl Alfonsín, terminó siendo parte de la comida para los cerdos, en una chanchería que tenía vinculación con funcionarios de gobierno. La política social neuquina, siempre generosa, no ha sido siempre ejemplar, ni transparente.
El segundo hecho judicial es más nuevo, de la semana que ha transcurrido, y afecta centralmente a otra larga hegemonía, focalizada en el municipio de Cutral Co, y liderada por Ramón Rioseco y sus familiares. Nacida al conjuro de la pueblada de 1996, ese poder político se mantuvo desde entonces y funcionó como un factor de equilibrio o desequilibrio en la política neuquina, a veces para favorecer al MPN, a veces para perjudicarlo. El financiamiento de ese poder político fue provisto, en buena medida, por el yacimiento de gas El Mangrullo, que le fue cedido a Cutral Co y a Plaza Huincul como parte del “resarcimiento” acordado por el gobierno de Felipe Sapag y el nacional de Carlos Menem, para apaciguar lo que fue un levantamiento popular sin antecedentes, en plena democracia.
Para administrar las regalías de ese yacimiento, fue creado el ENIM, un ente intermunicipal que terminó siendo gerenciado más por Cutral Co -con Rioseco- que por Plaza Huincul. La denuncia presentada en la Fiscalía el jueves 6 por un contador de Plottier, Leandro Abel Rattá, indica un presunto desfalco que superaría los 4 mil millones de pesos, según su propia investigación, tras un análisis profundo del balance del año 2021 del propio ENIM.
La escasa transparencia del ENIM había sido puesta en foco por la campaña electoral -en Cutral Co y Huincul se vota el 23 de este mes- por quienes enfrentan a Rioseco. Centralmente, por Rubén “Ojito” García, el candidato a intendente de una amplia coalición formada en el calor de la victoria conseguida a nivel provincial por Rolando Figueroa, el 16 de abril de este año, y que incluye al MPN, a través de César Pérez, un abogado que fue ministro de Seguridad en la primera gestión de Jorge Sapag.
Así, es inevitable apuntar que, en la coyuntura, la Justicia puede ser determinante en las consecuencias políticas de la época. A nivel nacional, lo está siendo, fundamentalmente en las causas que involucran a la actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, por hechos ocurridos durante sus dos mandatos como presidente; en Neuquén, está observada por los tribunales tanto la gestión del MPN, derrotada en abril, como la de la familia Rioseco, que competirá el 23 de este mes. Dos gestiones, de alguna manera, complementarias; que, ahora, evidencian una ola de cambios que parece se impondrá, inexorablemente, en un país que sigue al borde del abismo.
