MPN y otros, entre la exageración y la verdad
La concesión de las represas tras el vencimiento de las concesiones fue el tema que irrumpió, sin hacer gran impacto entre la gente de a pie, en la superestructura política de Neuquén. Lo trató la convención del MPN, después de un enérgico rechazo del gobierno de Omar Gutiérrez al “ninguneo” del gobierno de Alberto Fernández, y una serie de asociados más o menos dispuestos salió a gritonear por las “represas neuquinas”, un invento retórico que viene bien cuando se acude a la esencia federalista, aunque no sea cierto ni de cerca.
El grito federal, un poco a destiempo, está destinado a licuarse en las mismas aguas que dice defender, porque no habrá, en este tema, posiciones reales en contra de la participación de las provincias en la decisión final que se tome sobre los grandes diques que producen energía eléctrica y administran el recurso hídrico.
Así quedó en claro este sábado, cuando desde las filas de Juntos por el Cambio, el elegido diputado Damián Canuto sostuvo enfáticamente que era un “atropello” dejar a las provincias afuera de la discusión, coincidiendo con la posición del MPN; y, al rato, el senador Oscar Parrilli, voz calificada del kirchnerismo más cercano a Cristina Fernández, aseguró que por supuesto las provincias deben ser, y serán, consultadas antes de que se produzca un cambio real en la situación actual de las concesiones, participando de una decisión que atañe a sus recursos naturales.
El tema de fondo no es lo que se hará transitoriamente con las represas, que, según los contratos originales, deberán retornar al manejo del Estado nacional tras el vencimiento efectivo de las concesiones a privados; sino lo que se definirá, posiblemente ya con un panorama político más aclarado, en este confuso año electoral, respecto al régimen de administración de los diques que se elegirá. La propuesta del oficialismo actual, el kirchnerismo (poco homogéneo y cruzado por sus ardorosas internas), es, según confirmó el propio Parrilli, reestatizar la concesión según el modelo aplicado en YPF. En concreto, que 51 por ciento de las acciones, como mínimo, queden en manos del Estado. Se vería, después, qué porcentaje les correspondería a las provincias, que, en el caso de las represas levantadas en el río Limay, son dos, no una: Neuquén siempre parece olvidar que comparte ese recurso hídrico con Río Negro, desde el lago Nahuel Huapi hasta la confluencia con el río Neuquén. El mismo modelo se propone para todas las represas levantadas en el país.
Lo cierto es que, tras el presunto levantamiento federalista, hay motivaciones políticas un poco más mezquinas. Por un lado, es el primer capítulo de una puja que sigue al resultado de las elecciones del 16 de abril, entre el MPN perdidoso y la conducción (¿ex MPN?) de la coalición formada por Rolando Figueroa. El actual diputado nacional y gobernador electo hizo una rápida jugada, según publicó el diario Río Negro, gestionando un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, para el próximo martes, con el fin de evaluar el qué hacer con las represas del río Limay y el complejo Cerros Colorados del río Neuquén. La reunión, es posible, tendrá además otras connotaciones políticas.
También, se lee entre líneas que hay necesidad de ocupar el centro del ring político para el MPN en el gobierno y desviar la atención de otros temas que se han ido instalando en la escena, como el conflicto en Desarrollo Social, que orilla peligrosamente entre lo delictivo -las estafas con planes sociales, investigada sin mayor énfasis por la Justicia neuquina- y lo políticamente incómodo, como es la ilustración de los pactos con sindicatos para seguir agrandando la planta de personal del Estado, hecho que también comenzó a alumbrarse desde la misma área, a partir de una protesta que no controlan ATE ni UPCN, y que configura una réplica a menor escala del conflicto de Salud vivido en medio de la pandemia.
Por último, la escena neuquina reconoce otro tema igualmente incómodo para el actual gobierno de Gutiérrez, que es la evidencia de la quiebra del sistema de jubilaciones estatal, y la aparentemente obligada recurrencia “extraordinaria” a los dineros que engrosaban mes a mes el denominado fondo anticíclico integrado con un porcentaje de regalías correspondientes al petróleo que se exporta. Según parece, habrá aprobación para el proyecto de ley enviado por Gutiérrez, con lo que la Caja de Jubilaciones recibirá entre 1.600 y 2.000 millones de pesos mensuales, para equilibrar su déficit, y dejar de perjudicar a la obra social estatal del ISSN, que era superavitaria hasta que tuvo que socorrer a los jubilados, y ahora está también en serios problemas, al punto que ha comenzado a recortar contratos con prestadores, además de protagonizar una seria demora en los pagos.
Así, el grito por las represas tuvo algo de auténtico y algo de impostado, o exagerado, en función de las necesidades políticas de coyuntura. Después de todo, no hay descanso ni tregua, y cada día que pasa de aquí a diciembre, divide sus efectos a favor o en contra de tal o cual sector: el MPN está concentrado en reducir el “efecto triunfo de Figueroa”, buscando que no acumule mucho poder antes de ser, efectivamente, el gobernador de los neuquinos.
