Alberto, los mapuches, y aquel sargento asesinado

La puesta en escena dudosamente creíble que mostró al presidente Alberto Fernández abrazando y sonriendo a representantes mapuches, en San Martín de los Andes, trajo inexorable el recuerdo del asesinato de un mapuche policía, el sargento José Aigo, hecho ocurrido hace 10 años, el 7 de marzo de 2012, en Pilo Lil, paraje cercano a Junín de los Andes, con circunstancias previas y posteriores que relacionan descarnadamente a mapuches, narcotráfico, gobiernos y conspiraciones varias.

Este mismo año, el gobierno neuquino cumplió con la ceremonia de actualizar la recompensa por quienes fueron autores de ese asesinato, Alexis Alfredo Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, ciudadanos chilenos que eran transportados por Juan Marcos Fernández, hijo del entonces intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández.

Fernández fue inicialmente condenado, junto a su pareja Analía Godoy, por encubrimiento agravado y falso testimonio en ese homicidio; después, en noviembre de 2014, los absolvió un Tribunal de Impugnación. Como Cortés Torres y Salazar Oporto nunca fueron encontrados -ambos, ciudadanos chilenos- no hay condenados por el crimen del sargento mapuche, cuyo cuerpo yace en el cementerio familiar, en medio del campo y la montaña, lejos de las intrigas de la política y el delito.

La recompensa para quien aporte datos sobre Cortés Torres y Salazar Oporto es de 50 mil dólares. La pagaría el gobierno neuquino, mientras que el ministerio de Seguridad de la Nación, que actualmente conduce Aníbal Fernández, aportaría 2 millones de pesos por cada uno de los fugitivos.

Tanto Cortés Torres como Salazar Oporto estaban, en 2012, residiendo por temporadas en la zona de San Martín y Junín de los Andes. Incluso, uno de ellos, tramitaba un beneficio de la Anses en Junín, como probó una investigación realizada por el canal de noticias 24/7. Entonces gobernaba el país Cristina Kirchner, y el secretario general de la presidencia era el neuquino Oscar Parrilli. La provincia era gobernada por Jorge Sapag.

El asesinato de Aigo produjo una conmoción muy fuerte, y se desplegaron fuerzas policiales en toda la zona. Sin embargo, los autores del crimen (lo balearon por la espalda) desaparecieron sin dejar rastros. Desde entonces, las especulaciones, con algunas inquietantes evidencias, apuntaron a complicidades políticas de encubrimiento, a la relación del narcotráfico con el financiamiento a actividades guerrilleras vinculadas al movimiento mapuche más radicalizado, y a la notable desprotección de la frontera argentina en esta zona de la cordillera de los Andes.

Ahora, en medio de una actualizada polémica por acciones violentas protagonizadas por mapuches en Villa Mascardi, y la respuesta a esas acciones de parte del Estado, el crimen de José Aigo arroja en el contexto todas las contradicciones, que no se han podido superar ni aclarar en una década.

La historia dirá si el sargento, integrante también de la etnia ahora tildada perversamente por la liviandad mediática como “terrorista”, recibirá la justicia que merece, o si todo quedará diluido por las culposas relaciones de la conveniencia política.