Bertolini acumula denuncias y su panorama oscurece
Ahora, una abogada pidió el juicio político. Y ATE denunció que el municipio no realizó los aportes sindicales que supuestamente retuvo
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, atraviesa por una realidad cada vez más complicada. Tanto que afronta tres frentes en simultáneo: uno político, uno gremial y otro judicial.
Hace apenas unas pocas horas se supo que una abogada, Liliana Verónica Peral, ingresó -en el Concejo Deliberante- una presentación formal de pedido de inicio de juicio político. Le endilga presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una demanda judicial contra la Municipalidad de Plottier por el cobro de aportes sindicales que, según se sostiene en la presentación, habrían sido retenidos y no ingresados. De ser así, la situación es grave.
La acción tramita en el fuero laboral y comprende el período marzo de 2021 a marzo de 2026, es decir, a la actual administración del intendente Bertolini y la anterior a cargo de Gloria Ruiz (ex vicegobernadora que fue destituida por la Legislatura a raíz de hechos de corrupción). Les reclaman 939 millones de pesos, más actualizaciones y costas del juicio.
Eso no es todo, ya que hace apenas unos pocos días, la Oficina Judicial informó que el próximo 13 de abril a las 11 de la mañana, el Ministerio Público Fiscal (MPF) les formulará cargos a Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.
Tal como se informó oportunamente, en la audiencia se formalizará la acusación contra esas tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero último, luego de una denuncia presentada ante el organismo. Dicha denuncia puso el foco en dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual eximió del pago de tasas municipales a vecinos de un barrio privado, durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.
Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
