Es posible un castigo más fuerte a los estafadores planeros

La causa por la mega estafa con fondos destinados a planes sociales entra en una etapa nueva. El viernes, en el filo del cierre de la semana laboral, la Justicia fijó el cronograma para las audiencias de impugnación de la sentencia dictada a fines de 2025. El proceso comenzará el 27 de julio y se extenderá, en principio, hasta el 12 de agosto. No se trata de una instancia menor: es la oportunidad concreta de revisar un fallo con codenas a cárcel que dejaron sabor a poco.

Los condenados -ex funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez- fueron hallados culpables de administración fraudulenta. Sin embargo, tanto el gobierno de Rolando Figueroa (a través de la Fiscalía de Estado) como el Ministerio Público Fiscal (a través de la Fiscalía Penal) decidieron apelar, para que se los condene por la comisión del delito de asociación ilícita. Y no es un detalle técnico: de incorporarse esa figura, las penas podrían ser sensiblemente más graves, con más años de prisión efectiva.

El núcleo del cuestionamiento es claro. Los hechos probados muestran que estos malandras no actuaron de manera aislada ni improvisada. Se organizaron para delinquir, se asignaron roles específicos y ejecutaron un esquema sistemático de desvío de fondos públicos mediante cheques y maniobras administrativas. El dinero, destinado a familias de bajos recursos entre 2020 y 2022, jamás llegó a su destino. Se lo robaron. Esa estructura, por definición, encuadra en lo que el Código Penal considera asociación ilícita. Por eso, la absolución en ese punto resulta difícil de entender.

Entre los condenados a prisión efectiva aparecen nombres pesados: el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex director de Planes, Ricardo Soiza, y los ex funcionarios devenidos en delincuentes Marcos Osuna y Pablo Néstor Sanz. A ellos se suma el abogado Alfredo Cury, un sujeto que no solo participó del entramado corrupto, sino que llegó al extremo de depositar dinero robado en su propia cuenta sueldo. Un nivel de impunidad que grafica el grado de degradación del sistema durante aquellos años pasados (pero recientes). Cury es un reo peligroso: violento, defensor de narcos, fabulador y con desprecio indisimulado por los pobres a los que -como quedó demostrado en la causa judicial- les ha robado.

Estos corruptos también fueron expulsados de la administración pública en nombre de la política de “tolerancia cero” impulsada por Figueroa y dirigida a erradicar ñoquis, indisciplinados y, especialmente, delincuentes que estaban enquistados en el Estado, durante las gestiones anteriores. Pero la sanción administrativa, aunque necesaria, no alcanza. La sociedad exige una respuesta penal acorde a la gravedad del daño causado, sobre todo cuando las víctimas fueron los sectores más vulnerables.

La impugnación que comenzará en julio abre, entonces, una posibilidad concreta: que la Justicia revise su propia decisión y corrija lo que hoy aparece como un error. No se trata de revancha ni de sobreactuación punitiva, sino de aplicar correctamente la ley frente a hechos que, por su organización y planificación, encajan en la figura de asociación ilícita.

Porque lo que está en juego no es solo la cantidad de años de cárcel que puedan recibir estos indeseables. Es, en definitiva, la señal que se le da a la sociedad sobre cómo se castiga la corrupción estructural, esa que se organizaba, se repartía roles y saqueaba recursos públicos con total desprecio por quienes más lo necesitan. En la administración provincial, la situación cambió, y hoy el que las hace las paga, le toque a quien le toque. La Justicia, por su parte, aún está a tiempo de saldar aquella deuda.