El IPC, la fórmula que protege al poder adquisitivo en Neuquén

La propuesta del gobierno provincial neuquino de mantener el método de actualización salarial según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se convirtió en el eje que encausa (o debería encausar) la negociación con los gremios que representan a los trabajadores del Estado; es decir, ATE, los docentes de ATEN, UPCN y Viales.

En un año en el que los aumentos salariales de la administración pública neuquina volvieron a superar a los de Nación y de otras provincias, la continuidad de este sistema aparece como la (posible) llave para cerrar un acuerdo antes de fin de año y garantizar previsibilidad en el Presupuesto 2026. Es, además, lo que pedían los trabajadores.

La comparación de los incrementos salariales registrados entre enero y octubre del año en curso, no hace más que avalar la eficacia del sistema. Mientras los trabajadores del Estado nacional recibieron -a lo largo de ese período- un aumento del 13,6%, en Neuquén la mejora alcanzó el 28,5%. Y también superó tanto a las actualizaciones de los salarios de la administración porteña (23,2%), como a las de la provincia de Buenos Aires (25,9%).

El IPC ofrece previsibilidad para los gremios y, al mismo tiempo, constribuye al círculo virtuoso de la economía provincial que, como toda, necesita de la circulación de dinero para la vitalidad de los distintos segmentos: servicios, indumentaria, esparcimiento, gastronomía, etc.

El ofrecimiento

En la última ronda de encuentros, la de la semana que acaba de terminar, los funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa ofrecieron actualizaciones trimestrales de haberes durante la primera mitad de 2026, con una revisión a mitad de año. Los porcentajes surgirán de una ecuación que combina el IPC provincial con la inflación que mide el INDEC, garantizando así la continuidad del sistema vigente.

De concretarse, los salarios de los trabajadores del Estado neuquino seguirán protegidos frente a la escalada de precios, incluso en un contexto nacional donde el gobierno de Javier Milei busca imponer topes del 10% e impulsar una reforma laboral.

La reducción de la planta política, la eliminación de los gastos innecesarios del Estado y otros puntos del plan de austeridad, le permiten al gobierno neuquino realizar una oferta salarial que se apoya en una administración prolija y responsable, más allá de que los recursos son finitos debido a los precios del barril de petróleo (cambiantes) y otras variables como el estancamiento del dólar.

Se espera que el esfuerzo fiscal que implica esta propuesta sea valorado por los trabajadores, que ahora la analizarán en asambleas y reuniones internas. Pero más allá de la discusión coyuntural, hay un principio que no debería perderse de vista: afianzar el desarrollo provincial, avanzar en infraestructura y sostener el camino hacia la modernización de Neuquén.