Las licencias truchas y el combate contra vicios e ilegalidades

Un par de situaciones que surgieron durante la semana que está a punto de terminar vinieron a confirmar lo que muchos temían y otros sabían: la erradicación de los vicios, irregularidades, incumplimientos y hasta ilegalidades que anidan -desde hace años- en el Estado provincial neuquino es compleja y llevará más tiempo.

El gobernador Rolando Figueroa no había alcanzado a acomodarse en el sillón de Roca y Rioja cuando anunció la inmediata puesta en marcha de un plan de austeridad y eliminación de gastos innecesarios, destinados a darle un uso racional y justo a los recursos para fortalecer, entre otras, las áreas esenciales de Educación, Seguridad y Salud.

A la reducción de la planta política y la devolución de camionetas que heredó en alquiler (de la gestión de Omar Gutiérrez) le siguieron cuestiones como el control electrónico en los organismos del Estado (clave para detectar vagos y ñoquis) y la auditoría de las licencias médicas sospechadas de truchas.

La inmoralidad y hasta accionar delictivo de profesionales de la salud y agentes del Estado quedaron expuestos con un análisis de licencias, que se realizó entre enero y julio de este año, con la particularidad de que la mayoría de esos certificados supuestamente apócrifos fueron presentados por docentes de distintas ciudades ante el Consejo Provincial de Educación (CPE). Entre ellas, abundan las de Neuquén capital expedidas, incluso, en otras latitudes.

Hace apenas un par de semanas, el 13 de agosto, la Fiscalía de Estado le solicitó al Ministerio Público Fiscal la apertura de una investigación penal, ya que se detectaron nada menos que 3.889 licencias sospechosas. En rigor, muy sospechosas (durante ese período).

De hecho, los informes del CPE y de la subsecretaría de Recursos Humanos permitieron establecer que los cuatro profesionales que ahora están bajo la lupa ni siquiera tuvieron tiempo de expedir semejante cantidad de licencias para esos sujetos que, obviamente, no se presentaron a trabajar.

Uno de esos médicos prescribió 1.475 certificados, que implican un total de 21.603 días de licencia laboral. Otro prescribió 850 certificados (742 de ellos a docentes); el tercero emitió 780 certificados (685 a docentes); y el cuarto emitió un total de 784 certificados (664 a docentes).

En su denuncia, la Fiscalía de Estado detalló que la enorme cantidad de ausencias falsamente justificadas no sólo perjudican al Estado provincial por encontrarse en la obligación de abonar haberes a quienes incumplen su deber de prestar tareas, sino que implican un entorpecimiento en la prestación del servicio esencial de educación.

Se trata de un fraude al Estado, básicamente de un delito por el que tendrán que responder. Ahora bien. No es la única irregularidad que se conoció en la semana. Nada de eso. También quedaron expuestos los directores y directoras de escuelas que no cumplieron con su obligación (ética y administrativa) de informar qué docentes trabajaron y quienes tuvieron inasistencias justificadas (acaso por cuestiones de salud) durante los paros de ATEN. Con esa desidia y negligencia, las autoridades escolares hicieron que varios docentes sufrieran descuentos que no merecían, en sus sueldos. El CPE implementó mecanismos para agilizar los reintegros. Pero también se espera que los directores reciban las sanciones que sin lugar a dudas merecen.

La nueva administración provincial encontró, en el Estado, un submundo parasitario que es el que se propuso y necesita erradicar. Para hacerlo cuenta con el respaldo de la sociedad neuquina en su conjunto. Pero, también hay que decirlo, tiene herramientas que -en muchos casos- no son tan útiles que digamos, porque muchas de ellas no alcanzan para resolver la cuestión.

Esas herramientas fueron adquiridas o se fueron deformando (hace ya algunos años y gestiones), en nombre de una paz social en la que  gremios, agrupaciones piqueteras y organizaciones sociales (siempre predispuestas al paro, los cortes de calles y la confrontación) avanzaron casilleros, con una consecuencia que entonces era lógica y que no tardó en tornarse en penosamente evidente: el desequilibrio y sus consecuencias. 

Eso fue el caldo de cultivo para que, en aquellos años, las conductas perniciosas se propagaran como hongos en la humedad mientras otros trabajaban. La nueva administración se encontró con beneficiarios de planes sociales que eran agentes del Estado, con otros que vivían en Chile y con ex funcionarios que conservaban celulares que pertenecen a la provincia. También con piqueteros que manejaban fondos del Estado y que desviaron la ayuda social durante la gestión anterior; y hasta con sujetos devenidos en ñoquis al amparo de acuerdos políticos en perjuicio de la sociedad.

La lucha contra todas esas adversidades (que germinaron en paralelo al crecimiento de Vaca Muerta, sus regalías y otras cuestiones auspiciosas) no es sencilla, pero avanza. Y el asunto este de los certificados es claro ejemplo de ello. Es de esperar que se imprima el acelerador y se busquen los mecanismos para que aquellos que no cumplen con sus obligaciones básicas de presentarse a trabajar sean expulsados y exonerados, sin más vueltas, del Estado. Si se comprueba que los certificados son truchos aquellos y aquellas que los presentaron tienen que ser despedidos.