Se propaga la erradicación de ñoquis y vagos

La semana que acaba de terminar fue más que movida en lo que hace al combate declarado contra ñoquis, incumplidores y hasta delincuentes que, durante años, permanecieron aferrados como lampreas al Estado provincial neuquino, ante la vista gorda de quienes destilaban indiferencia frente a esa aberración y la impotencia de quienes no la toleraban, pero no tenían respaldo para enfrentarla. En el medio estaban los que se nutrían de esas inmoralidades y los que impulsaban sumarios.

El gobierno de Rolando Figueroa llegó con la firme decisión de erradicar esos viejos vicios de la política y puso manos a la obra. No sólo implementó dispositivos electrónicos para controlar de modo fehaciente asistencias y cumplimientos de horarios, sino que abrió expedientes contra los vagos y agilizó aquellos sumarios que se habían iniciado durante la gestión de Omar Gutiérrez y que -cuando lo hacían- avanzaban a paso de tortuga.

La aceleración de los trámites permitió, por ejemplo, eyectar a dos malandras, sobradamente conocidos en el submundo del hampa local. Uno es Julio César Blanco y el otro es Juan Carlos Santana, un sujeto con chapa de narco que supo ser cercano al ex ministro de Desarrollo Social (de Gutiérrez), Abel Di Luca, imputado en una causa que investiga una mega estafa a la Provincia. Es la misma por la que ahora purga arresto domiciliario el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Tal era la sensación de impunidad que ostentaban los malandras, que el propio Santana protestó (en inmediaciones de Casa de Gobierno) contra el despido que el gobierno de Figueroa hizo efectivo hace apenas unos pocos días. Santana tenía una condena penal y seguía cobrando sueldo del Estado ¡Una locura!

Igualmente descaradas fueron las pretensiones de tres ex policías condenados por una causa relacionada con la venta de drogas. Se trata de Pablo Ángel García Saldías, Christian Damián Navarro y Miguel Ángel Muñoz, quienes fueron exonerados (castigo más severo que la cesantía). El 18 de abril de este año pidieron el perdón administrativo y, el martes, el gobierno provincial neuquino se los rechazó en forma categórica. Y lo bien que hizo.

Lo mismo sucedió con un violento que fue denunciado por malos tratos y violencia contra las mujeres, tanto por trabajadores como por la directora de la Escuela Primaria N 332, de Las Lajas. El 23 de mayo de este año lo despidieron, el 6 de junio presentó un recurso administrativo para que se diera marcha atrás con la cesantía y en la  última semana el pedido fue rechazado. El individuo se llama José Elías Rivera.

Sacar del medio a sujetos como estos es indispensable para lograr la eficiencia que el Estado debe tener, para garantizar la distribución justa y equitativa de recursos, que la administración Figueroa trazó como eje medular de sus estrategias, junto con la premisa de ordenar para redistribuir y la eliminación de los gastos innecesarios del Estado. Pagarles sueldos a quienes no lo merecen es un gasto absolutamente innecesario.

Quedó en claro que, en esta materia, la gestión avanza por el camino correcto. Pero no hay dudas de que debería revisarse la hojarasca de la burocracia, para agilizar aún más los trámites. Por lo pronto, Figueroa va para adelante. No perdona. Y así lo demuestra el caso de un tal Germán Pablo Carnevale, a quien despojó del cargo político que ostentaba debido a su falta de compromiso con los objetivos de la gestión. Carnevale era director general de Asuntos Jurídicos (de la subsecretaría de Recursos Hídricos) y lo regresaron a su condición de agente de planta permanente del ministerio de Infraestructura, donde se entiende que permanecerá bajo la lupa.

Llegar tarde, faltar sin motivos o irse más temprano de lo que corresponde era una práctica habitual para los agentes y funcionarios del Estado, que tenían el guiño de sus jefes. Algunos por amiguismo, otros por falso compromiso político y otros más por una interpretación caprichosa y descaradamente equívoca del concepto de militancia. El 10 de diciembre eso se dejó atrás y ya no es sencillo encontrar sillas vacías. Así y todo, queda bastante por recorrer (y depurar).

Esa depuración ya se llevó a varios. Una de las despedidas es la ahora ex agente Erica Diolinda Barros, quien era personal de planta permanente del Registro Civil y pegó un faltazo imperdonable entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2023. Mientras que un ex compañero suyo, Sergio Nicolás Kochereschuk, incurrió en inasistencias injustificadas desde octubre de 2018 al 19 de octubre de 2022. Cuatro años de ñoqui y recién lo echaron ahora.

También están los casos del ex cabo Penitenciario Gabriel Alfonso Añiñil, cuya indisciplina había sido castigada con 67 días de arresto (motivo de sobra para echarlo, como lo hicieron); y el del ex portero del Instituto Provincial de Educación Terciaria N 1, de la ciudad de Neuquén, José Lucas Alarcón, quien adulteró el libro de asistencias y amenazó a sus jefes cuando lo reprendieron.

Estos sujetos no merecen cobrar sueldos como agentes públicos y sus despidos son irreprochables y saludable. Como también es saludable que los municipios comiencen a transitar por el mismo camino de expulsión de ñoquis.  

Ese es el caso de Zapala, donde la administración que conduce el intendente Carlos Koopmann echó a dos ñoquis municipales que faltaron al trabajo durante nada menos que 9 años. Una de los ñoquis había ingresado a la comuna en diciembre de 1993 y el otro había comenzado a prestar servicios en 2011. Los vagos estos presentaban certificados truchos. Es de esperar que todos los municipios tomen las riendas como las tienen que tomar, expulsen a los vagos que se benefician del esfuerzo de los demás y hagan que todos cumplan con sus obligaciones al pie de la letra.