Despidieron a dos delincuentes que cobraban del Estado

Ni bien asumió en sus funciones, el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha una serie de políticas destinadas a ordenar el Estado y a sanear sus cuentas, para hacer más eficientes las áreas esenciales; entre ellas las de educación, seguridad e infraestructura.

Parte de esas políticas son la eliminación de gastos innecesarios, la reducción de la planta política y la erradicación de ñoquis y otros que no merecen ser parte de la administración pública. Dentro de ellos se encuentran los malandras a los que la gestión heredó como empleados públicos.

Lo nuevo es que, esta semana, el gobierno les dio de baja de su planta permanente a dos ahora ex agentes que pertenecían al ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se trata de dos conocidos en el mudillo del hampa: Julio César Blanco y Juan Carlos Santana, a quien se le endilga actividad militante en la primera campaña del ex gobernador Omar Gutiérrez.

Se asegura que el tal Santana respondía directamente al ex ministro de Desarrollo Social (de Gutiérrez) Abel Di Luca, hoy procesado en una causa por la que se investiga un fraude multimillonario al Estado provincial, perpetrado con el manejo delictivo y arbitrario de planes sociales que, en lugar, de llegar a los pobres se perdieron en el camino. Es la causa por la que está preso, con prisión preventiva, el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Los decretos de cesantías fueron firmados por el gobernador. Pudo saberse que Santana, que se desempeñaba como chofer en Desarrollo Social, había sido sentenciado a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de robo calificado con arma de fuego. La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y desde 2018, fue confinado a condena en la Unidad 11.

Tal era su sensación de impunidad y el aparente respaldo político que le habían dado funcionarios de la gestión anterior, que ayer se animó a protestar por su despido.

Por su parte, Blanco también cuenta con una sentencia firme por ser autor penalmente responsable del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes, un delito con pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Es decir, que este malandra se dedicaba a la venta de drogas, ilícito que la administración Figueroa decidió combatir a fondo, con nuevas estrategias y herramientas.