La purga alcanzó a otra ñoqui y la lista no para de crecer

La política de tolerancia cero que impulsa el gobierno de la provincia de Neuquén sumó un nuevo capítulo con la cesantía de otra agente estatal. Esta vez, la medida alcanzó a una tal Suyai Aluminé Aylín Herrera, quien se desempeñaba como empleada administrativa en la dirección general de Atención Primaria de la Salud.

De acuerdo al documento oficial, la ex agente de planta permanente del ministerio de Salud fue separada de su cargo tras comprobarse un patrón reiterado de inasistencias injustificadas. La sanción se encuadra dentro de los lineamientos que rigen desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, donde el Ejecutivo provincial dejó en claro que no habría margen para la indisciplina laboral. Desde entonces, se empeña en depurar la administración pública de prácticas irregulares.

El motivo central de la cesantía fue el “incumplimiento de los deberes por haberse configurado el abandono de cargo”, una falta grave que ya motivó la salida de otros empleados en situaciones similares. Según se detalla, los auditores constataron ausencias continuas y discontinuas durante múltiples jornadas de enero, febrero y marzo de 2023, todas sin justificación y en el tramo final de la gestión de Omar Gutiérrez.

El proceso administrativo comenzó y avanzó, ya bajo la gestión de Rolando Figueroa. El 6 de marzo de 2024, la subsecretaría de Salud inició el sumario correspondiente y convocó a Herrera a declarar. Sin embargo, la agente no se presentó a ninguna de las audiencias previstas, pese a haber sido debidamente notificada. Recién el 3 de febrero de 2025, fuera de los plazos procesales, compareció de manera espontánea ante la Junta de Disciplina, aunque su presentación no logró revertir el curso del expediente.

En el decreto de cesantía se recordó que uno de los deberes esenciales de los agentes del Estado es “prestar el servicio personalmente en las condiciones y modalidades que se determinen”, tal como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo. La conducta de la ex empleada fue considerada altamente perjudicial para el funcionamiento del área, ya que su ausencia afectó directamente la operatividad y el cumplimiento de las tareas asignadas.

Este nuevo caso se suma a una lista que no deja de crecer y que refleja la decisión de avanzar sin contemplaciones contra quienes no cumplen con sus responsabilidades. La premisa es clara: la depuración del Estado no se detendrá hasta erradicar por completo las prácticas que durante años erosionaron la eficiencia y la credibilidad de la administración pública.