Educación servicio esencial: ¿Qué dirá la sociedad neuquina?
Los pedidos de negociación tras aquellos conflictos que se prolongan inútil y perjudicialmente para el común de la sociedad, constituyen una práctica habitual del sindicalismo docente neuquino. Tanto como la estrategia de generar nuevos conflictos una vez que se aprueba la cuestión salarial, en el inicio de cada ciclo. Eso volvió a ocurrir este año, luego de que el gobierno accediera a la actualización de los sueldos según la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y de que decidiera hacerse cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que la administración Milei borró de un plumazo.
Por si hace falta recordarlo, los fondos con los que se compensa el Fonid son un aporte solidario (podría decirse) de la comunidad a la que ATEN castiga con su seguidilla de paros irracionales, con los que toma a los niños de rehenes. Sin ir más lejos, la protesta a la que le darán continuidad (con otros tres días de paro) durante la semana que está a punto de comenzar, la iniciaron contra una ley que estableció un incentivo o adicional para los maestros que no superen las tres inasistencias por trimestre. Se evalúa y se paga cada tres meses y la primera liquidación llegará con los haberes de septiembre. Es un beneficio ¡Contra eso paran!
Desde que comenzaron los paros se sucedieron distintas acciones. El Consejo Provincial de Educación (CPE) aseguró que serán descontados los días de paro (cosa que durante el gobierno de Omar Gutiérrez no ocurría); también abrió un registro para que se anoten los que quieran renunciar al incentivo (sólo se anotaron 36) y procuró que las escuelas permanecieran abiertas aun durante los paros. El CPE logró, así, que los niveles de adhesión descendieran con el transcurrir de las jornadas. No obstante, los perjuicios a la sociedad siguen.
En paralelo, el gobierno provincial neuquino incrementó las partidas presupuestarias destinadas a los establecimientos educativos, multiplicó las inversiones para los comedores, aceleró las obras de reparación que llevaban años de postergaciones, y garantizó que todos los establecimientos estuvieran en condiciones edilicias de reiniciar con normalidad las clases, luego de las vacaciones de invierno. Pero no fue así debido a la huelga a la que convocaron los dirigentes del sindicato ATEN: Marcelo Guagliardo (provincia) y Angélica Lagunas (ciudad capital), quienes tienen disputas internas entre sí. Son precisamente esas mezquindades las que incrementan el nivel de conflictividad y generan un círculo vicioso en el que deterioran la imagen de los docentes frente a la sociedad. Los paros sin motivos serios, ni siquiera atendibles (parar contra un beneficio constituye un grotesco sin precedentes), coquetean con las maniobras extorsivas, no sólo hacia el gobierno sino también hacia los maestros y maestras que quieren dar clases.
Ante este panorama, nada garantiza que el otorgamiento de nuevos beneficios calme las apetencias de la dirigencia sindical, que se encuentra sumergida en sus propias apetencias, ahora potenciadas por la proximidad de una agenda electoral ¿Entonces es una causa perdida? No, de ningún modo. Siempre hay herramientas en la búsqueda de soluciones para garantizar los derechos del común de la población.
Sin ir más lejos, los diputados provinciales Francisco Lépore (Avanzar Neuquén), Claudio Domínguez (MPN) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo reglamentar la implementación de consultas populares vinculantes y no vinculantes, en la provincia.
Domínguez (autor de la ley de incentivo) ya advirtió que está dispuesto a presentar un proyecto de llamado a consulta popular, para que la sociedad neuquina decida si quiere declarar servicio esencial a la Educación. Antes deben reglamentarse las consultas. La dirigencia de ATEN sabe, de modo fehaciente e inequívoco, que recibirá un furibundo rechazo de la sociedad si se realiza dicha consulta. De hecho, el gremialismo docente incluyó su rechazo al servicio esencial, en la catarata de consignas a la que apeló en un intento desesperado por maquillar lo injustificable: la continuidad del paro.
La declaración de servicio esencial fue impulsada por el gobierno de Milei y tramita en el Congreso de la Nación. Si se aprueba, cosa que parece probable, los sindicatos deberán garantizar las clases aun durante sus jornadas de protesta. Se garantizará, de este modo, el soberano derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación.
Aquí en Neuquén la adhesión -por parte de la sociedad- estaría garantizada. Como así también estaría garantizada la aprobación del proyecto para habilitar la consulta popular, en virtud de los espacios políticos a los que pertenecen los legisladores que la impulsan. Lépore es del sector que conduce el gobernador Rolando Figueroa, Domínguez es del Movimiento Popular Neuquino y Monzani representa a un espacio que acompaña aquellas propuestas a las que considera lógicas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad. El PRO y las expresiones libertarias también quieren terminar con los abusos de las medidas de fuerza.
Los legisladores neuquinos tienen, entonces, en sus manos la posibilidad de generar una herramienta para que la sociedad se exprese. Por lo pronto, aquellos que se expresaron en redes ya lo hicieron en forma contundente.
