Dos causas fundamentales para castigar fraudes al Estado

Así como es criticada cuando los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, debe reconocerse cuando la Justicia responde a las expectativas de la sociedad. O al menos de la inmensa mayoría de esta. Eso es lo que, durante el transcurso de la semana, ocurrió en la causa por la que se investiga la mega estafa al Estado provincial neuquino, perpetrado a partir de la asignación y manejo irregulares de planes sociales que, en lugar de llegar a las familias carenciadas, terminaron en otras manos. Eso sucedió durante el gobierno de Omar Gutiérrez y entre los procesados hay ex funcionarios.

Los detenidos, con prisión preventiva, son dos. Uno de ellos un tal Ricardo Soiza (dueño del restobar Faraón), quien como está cercano a cumplir 70 años pidió el beneficio del arresto domiciliario. Quiere irse a su casa. La respuesta fue el rechazo, por lo que este imputado (que supo ser director general del ministerio de Desarrollo Social) continuará, como se dice, “a la sombra”.

Los fiscales Juan Narvaez y Pablo Vignaroli consideraron que Soiza debe seguir preso por “el riesgo de entorpecimiento” a la investigación. Se dice que en lo que va de la investigación hubo presiones a las que en la jerga se las denomina “aprietes”. Entonces, es mejor que siga adentro.

El otro reo es un tal Marcos Daniel Osuna, quien era el responsable de Gestión de Programas del ministerio de Desarrollo Social y según sus ex compañeros de trabajo solía contar dinero delante de los pobres. Otro reo (también criticado por varios de los que lo vieron recorrer pasillos oficiales en los tiempos de Gutiérrez)  es un tal Néstor Pablo Sanz, quien pasó de director de Fiscalización del ministerio de Desarrollo Social a preso (aunque con el beneficio de la prisión domiciliaria).

Entre los acusados también están el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, a quien ya no es sencillo encontrar en la calle y un tal Tomás Siengentharler, que fue coordinador de Administración de Desarrollo Social y que es literalmente un ignoto, aun dentro de la propia administración pública. Al parecer es de aquellos que comprendieron la enseñanza de la película de Al Pacino y Keanu Reeves: “Nunca dejes que te vean llegar”.

El 25 de julio último, la investigación se prorrogó por dos meses y, según se anticipó durante la audiencia de esta semana, el paso siguiente será la presentación del requerimiento de apertura a juicio. Un juicio que muchos esperan, por las expectativas que ha generado la causa.

La fiscalía ya dio por acreditado que un grupo de 26 sujetos, entre ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita para cometer estafas contra la administración con el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.

Se cree que Soiza y compañía fueron parte de un engranaje delictivo destinado a desviar recursos para fines que por estos días se investigan y que las respuestas no sólo podrían hallarse en el presunto enriquecimiento ilícito, sino también en cuestiones corporativas relacionadas con la vieja forma de hacer política.

Los tiempos han cambiado y la nueva administración de la provincia borró de un plumazo toda clase de vicios. Les cortó las alas a los empleados públicos que cobraban planes sociales, cortó los subsidios a los que residen en Chile, redujo la planta política y, entre otras cosas, quitó del medio a los intermediarios.

Los intermediaros eran aquellos referentes de organizaciones sociales (o piqueteras) a los que el Estado les confiaba dinero y recursos que no siempre llegaban a las familias necesitadas. También hay una investigación judicial por ello. Y no es la misma por la que está preso Soiza, sino otra.

Este expediente investiga un fraude consistente en el presunto desvío de fondos del Estado, también durante el gobierno de Gutiérrez. Había una cooperativa  llamada Viento Sur (e integrada por organizaciones piqueteras), que recibía sumas multimillonarias para realizar capacitaciones que, al parecer, jamás hizo y que estaban destinadas a desocupados. En lo judicial se investiga a dónde fueron a parar los fondos. Y en lo político se sospecha que el gobierno les transfería dinero para evitar protestas y piquetes.

Tan extensa habría sido la maniobra que hasta una diputada provincial en funciones, quedó bajo la lupa de la Justicia neuquina. Se trata de la legisladora por el Frente de Izquierda, Gabriela Suppicich. Lo que se sabe, hasta el momento, es que Viento Sur percibió o habría percibido unos 1.183 millones de pesos que -supuesta, mayoritaria y misteriosamente- se perdieron en el camino.

Se dice que doña Suppicich habría recibido 13 transferencias que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el primero de noviembre de 2023, por un total de 4.726.469 pesos. La causa es la misma por la que, hace ya algunas semanas, demoraron y liberaron a una tal Gladys Aballay, ex precandidata a diputada nacional por Libres del Sur en la provincia de Neuquén.

Avanzar en el esclarecimiento de todos estos presuntos ilícitos y aplicarles a los que resulten responsables las penas que correspondan (según el grado de participación), no solo aportará a aquello de que “el que las hace las paga”, sino que también ayudará a la transparencia en el manejo de las cuentas públicas, por la que ahora transita la provincia.