Los certificados psicológicos truchos y el castigo necesario

El allanamiento al consultorio de un sujeto (profesional de la psicología) que emitió más de 800 certificados de licencias -todos para trabajadores del Estado- en lo que va del año, confirmó lo que se sabía: en el sistema subyacen vicios que no son fáciles de erradicar, pese a los esfuerzos de la actual gestión de gobierno. Un dato no es menor, la inmensa mayoría de esas licencias sospechadas de truchas fueron para trabajadores de la Educación, es decr maestras y maestros.

Antes de asumir, el gobierno de Rolando Figueroa tenía un diagnóstico. Es probable entonces que aquello que encontró cual pesada herencia no haya sorprendido demasiado ¿De qué se habla? De funcionarios que usaron camionetas oficiales para uso particular, de individuos que no devolvieron los teléfonos cuando terminó la gestión de Omar Gutiérrez, de sujetos que cobraban planes pese a ser de planta permanente en el Estado y de otros que embolsaron subsidios pese a que tenían (y tienen) residencia en Chile ¡Una locura!

Esos vicios comenzaron a erradicarse con la eliminación de los gastos innecesarios del Estado, en una acción integral que incluyó controles estrictos para identificar a los ñoquis. Tan caraduras son esos ñoquis, que varios de ellos siguieron faltando pese a los controles, que comenzaron con planillas y continuaron con sistemas de identificación dactilar electrónica. Y ahora, esto: las licencias psicológicas truchas que tampoco sorprenden, porque vienen de años. 

Durante el jueves de la semana que acaba de terminar, la fiscalía de Delitos Económicos dio a conocer que tenía (y tiene) en la mira a un psicólogo de Andacollo (norte neuquino) que emitió más de 800 certificados de licencias psicológicas, que fueron presentadas en las ciudades de Neuquén, Zapala, Chos Malal, Centenario, Añelo, Loncopué, Plottier, Picún Leufú y, por supuesto, Andacollo.

Por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y con la colaboración de la Policía neuquina, fue allanado el consultorio y, durante el procedimiento autorizado por el juez de garantías Lucas Yancarelli, secuestraron certificados con fechas a futuro, una notebook y un teléfono celular. El sujeto fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado. No quedó preso (por ahora).

Vignaroli explicó que, “de acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal, este profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central”.

El CPE es el ámbito de los docentes y auxiliares de los establecimientos de educación y, tal como informó este medio, el asunto tiene particular impacto en virtud del reciente debate legislativo en el que se habló de las suplencias de suplencias de docentes.

Hace sólo unas pocas semanas, se aseguró que el Tesoro Provincial destina alrededor de 100 millones de dólares anuales al pago de suplencias, de los cuales 20 millones se utilizan para el pago de "suplentes de suplentes", erogación que permitiría financiar la construcción de 64 escuelas primarias cada año. Eso se dijo durante el debate de un proyecto que decantó en la aprobación del incentivo docente, que impulsó el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Claudio Domínguez. El abuso de las licencias y de las inasistencias injustificadas arrastra años. De hecho, el ex ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, había iniciado una cruzada contra los certificados truchos en el ámbito de la docencia.

Durante años se hicieron las cosas mal (pésimo, podría decirse); y se llegó al punto de que sacar licencia psicológica en el Estado era más fácil que comprar caramelos en un kiosco. No es sencillo dar la vuelta de página, pero hay que intentarlo (de hecho se intenta) y avanzar en ese sentido.

El avance contra estos y otros vicios que implican pérdidas millonarias para el Estado (y la fuga de recursos que deberían invertirse en áreas esenciales) es más que saludables e incluye las investigaciones sobre inescrupulosos que (en sus recientes tiempos de intermediarios) desviaron recursos que el Estado destinaba a familias carenciadas.

Se espera que una vez que se tenga certeza firme de la comisión de estos delitos e irregularidades, aquellos que se sacaron provecho de las licencias truchas (es decir los trabajadores y trabajadoras infieles) sean expulsados de la administración pública, sin derecho a la indemnización.