Ampliarán las cárceles en la provincia de Neuquén

El gobierno de la provincia de Neuquén presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia penitenciaria durante tres años (con opción a prórroga por idéntico período) y ampliar la capacidad de alojamiento de los establecimientos carcelarios.

El proyecto autoriza al ministerio de Seguridad a adquirir a través de la contratación directa los bienes, servicios e insumos necesarios para afrontar la emergencia, con independencia del monto e informe fundado. Del mismo modo, faculta a dicha cartera a efectuar las contrataciones directas de obras destinadas a penitenciarías u otras dependencias.

También autoriza al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta 50.000.000 de dólares estadounidenses o su equivalente en pesos u otras monedas, para ser aplicados a la atención de la emergencia penitenciaria. La iniciativa ya es estudiada en la Legislatura neuquina.

En sus argumentos, el Ejecutivo expuso que en los últimos años la provincia del Neuquén exhibe estadísticas alarmantes en materia penitenciaria. La capacidad total real de plazas actualmente es de 443 habilitadas en las distintas unidades tanto del área capital (N 11, N 12 y N 16) e interior (N 21/22 de Cutral Co, N 31/32 de Zapala, N 41 de Junín de los Andes, N 42 de San Martín de los Andes y N 51 de Chos Malal).

En la actualidad, el número de internos excede ampliamente la capacidad de las instalaciones. En total, hay 540 internos condenados alojados en las unidades de la capital y 90 alojados en las comisarías del área capital, siendo 63 internos procesados y 27 condenados. En las comisarías del interior de la provincia, sucede algo similar, con un total de 52 internos alojados, de los cuales 24 están procesados y 28 están condenados. Esto hace que sea imprescindible ampliar la capacidad de alojamiento. 

Durante el fin de semana escaparon cinco delicuentes de la Comisaría Tercera de la ciudad de Neuquén, entre ellos un asesino (ya condenado), un boquetero y un motochorro.

En los fundamentos, el gobierno también cargó contra la administración anterior. Explicó que el sistema se encuentra en un momento crítico en el que resulta imperativo tomar medidas decisivas para abordar esta situación. Durante años, este problema ha permanecido oculto detrás de soluciones temporales y precarias, lo que ha generado una sensación generalizada de inseguridad en nuestra sociedad, explicaron.

Las fugas y los comportamientos inaceptables por parte de los internos representan un peligro constante para la comunidad. En lugar de ser espacios seguros para los ciudadanos, las comisarías se han convertido en lugares de refugio para los internos, desviándose de su verdadero propósito como garantes de la seguridad pública, sumado a que las mismas no están diseñadas para el alojamiento permanente de personas privadas de la libertad, argumentó el Ejecutivo.