Con un informe falso, buscan destituir a un juez

La Justicia neuquina asiste por estas horas a un caso de gravedad inusitada que, de confirmarse, hará mella en su credibilidad. De esto se trata: buscan destituir a un juez a partir de una denuncia falsa, como tantas de las que recalan en los distintos fueros, muy especialmente en el de Familia.

A última hora del domingo se aseguró que el proceso por el que se sometió a un jurado de enjuiciamiento (o jury) al juez en lo Civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Andrés Villegas, se apoyó en un certificado o informe médico falso presentado por la abogada y funcionaria del mismo juzgado, María Soledad Garayo, quien lo acusó de la presunta comisión de acoso sexual y persecución laboral.

El proceder que se le endilga a Garayo quedó expresado en una denuncia que, hace apenas un par de días, se presentó en su contra por falsificación o adulteración de documentos. El legajo de la denuncia lleva el número 261288. Trascendió que tanto el tribunal de enjuiciamiento que debatió durante la última semana en la Legislatura neuquina, como la fiscalía y el gremio de los trabajadores Judiciales (Sejun) estarían al tanto de la maniobra fraudulenta de la abogada y se dice que trataron de ocultarla.

También se asegura que el viernes, desde la fiscalía, se comunicaron con el médico y éste respondió que nunca atendió a Garayo, que jamás firmó el informe por ésta presentado, que ni siquiera la conoce y que lleva un archivo personal de sus informes. Juró que la que se encuentra en el informe que presentó Garayo no es su firma.

Mientras tanto, los tiempos apuran porque la audiencia ya se realizó y dentro de los próximos días (a lo sumo 15) se conocerá la sentencia. El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, ya pidió la destitución del magistrado al que acusa de presunto mal desempeño en sus funciones. Ahora deberá resolver el jurado que integran los vocales del TSJ Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia; los diputados provinciales María Laura Du Plessis (MPN) y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos); y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad.

La pregunta se cae de madura: si acusan y llevan al banquillo a un juez a partir de una falsa denuncia, qué queda entonces para el común de la población; es decir, para los ciudadanos de a pie que pueden padecer las graves consecuencias de estas prácticas desleales.

El caso que nos ocupa remite al fuero Civil. Pero las falacias tienen quizás sus expresiones más reincidentes en el fuero de Familia de Neuquén, donde a partir de denuncias falsas (referidas, generalmente, a casos de violencia que en realidad no existen) jueces y juezas cortan los vínculos entre padres e hijos y vulneran los derechos de aquellos a los que tienen la obligación prioritaria de defender; es decir, a niños y niñas.

Al no contemplarse castigos -son una inmoralidad impune- abogados inescrupulosos abusan de ese malintencionado recurso y encuentran tierra fértil en la desidia de jueces y juezas, que no constatan la veracidad de esas argucias y no hacen cumplir las leyes, por temor a represalias y escraches impulsados por el feminismo extremo.

En su acusación, el fiscal le endilgó a Villegas la presunta comisión de violencia de género. “Tenemos claro que está palmario el mal desempeño y que está palmaria la violencia de género, que se dio por parte de un magistrado, hacia una mujer, en el ámbito del Poder Judicial y por parte de quien atendía las situaciones de violencia de género en Rincón de los Sauces”, dijo Vignaroli el jueves. Pero luego se denunció que medió, en todo esto, una denuncia falsa. Las próximas jornadas son claves para dilucidar qué fue lo que en realidad ocurrió.