Cada tanto, asoma la mafia que vive del lado oscuro de Vaca Muerta
Es inevitable, e imposible de prevenir que “no ocurra nunca más”, que la violencia mafiosa aflore en Vaca Muerta, en tanto exista una relación culposa entre la política y los sindicatos, en medio de una trama que combina intereses económicos muy fuertes, con conveniencias de ocasión para disfrutar algunas de las rentas que propician esos intereses económicos. Esto, yendo a lo singular de esta apreciación general, es lo que ocurrió en la zona del yacimiento Sierras Blancas, operado por la empresa Shell, cuando un grupo comando de una facción de la UOCRA atacó con armas de fuego, hierros usados a manera de garrotes, y otros enseres necesarios a cualquier patota mafiosa, a delegados de trabajadores rebeldes hacia esa misma facción.
El hecho fue gravísimo. El delegado en cuestión, Juan Francisco Acsama, tuvo que ser internado en San Patricio del Chañar, con una herida (una esquirla) de bala en la cabeza. No habían pasado más que un par de horas cuando el gremio UOCRA emitió una pomposa declaración asegurando que repudiaba la violencia y desentendiéndose de toda responsabilidad por lo ocurrido. Pero al otro día, la policía fue a la casa de Juan Carlos Levi, dirigente de ese gremio, y lo detuvo. El dirigente fue imputado a las pocas horas, y recibió una prisión preventiva de seis meses mientras se sustancia el juicio en el que se resolverá su responsabilidad “conductiva” en el caso.
Juan Carlos Levi, quien hace poco apareció fotografiado al lado del presidente Mauricio Macri y del gobernador Omar Gutiérrez, durante una visita de los mandatarios a yacimientos de Vaca Muerta, es, junto a “Rancho de Paja” Godoy y Víctor Carcar, uno de los hombres fuertes de la UOCRA neuquina, un sindicato que está en permanente puja y negociación con el poder de turno. Sus líderes coquetean con el oficialismo y la oposición. Carcar, por ejemplo, actual interventor del gremio (después de haber estado preso y haber sido liberado por una causa de estafa), armó en una de las últimas elecciones una lista colectora para el MPN. Levi ha negociado con los gobiernos también, para obtener el poder de dar o quitar puestos de trabajo en esa legión de obreros que oscilan permanentemente en la ocupación y la desocupación. Con el MPN, con el polo de poder de los Rioseco en Cutral Co, con las gestiones en Rincón de los Sauces, con el poder local de Añelo, conducido por Darío Díaz. Todos los líderes de la UOCRA han participado, en algún momento, de negociaciones en oscuras oficinas de alguna dependencia oficial.
Cada tanto, cuando hay que presionar, se movilizan los comandos. Hacen tan groseramente ostentación de recursos y logística, que resulta obsceno que desde el poder político se diga desconocer esas cuestiones. Bloquean accesos o picadas. O directamente atacan, como hicieron ahora. La violencia, según esta mafia, está justificada por las mismas razones de siempre. Puede ser un “interés superior” o algo de más bajo vuelo. No importa. Los fierros y la movilidad están a disposición de los matones, que no son ningunos “loquitos”, o “marginales” –como se dice desde el gremio- sino una maquinaria perfectamente organizada, al servicio de la “disciplina” que debe imponerse en el clásico esquema verticalista de este tipo de sindicalismo tan argentino.
La justicia actuó rápido, porque el hecho fue grave, resonante y con connotaciones preocupantes para el establishment que se afana para preservar Vaca Muerta de grotescas imágenes del subdesarrollo. ¿Acaso hay alguna manera de justificar que patotas armadas circulen por las mismas picadas de las que se echó a Gendarmería Nacional, por considerar que no podía patrullar si no había primero una orden de la Justicia?
Esto ocurrió, y quedó en firme en enero de este año, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el fallo surgido de una causa regional, que le ordenó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que se “abstenga de intervenir sin orden escrita” emanada por la justicia para intervenir con las fuerzas de seguridad “en territorio mapuche”, ubicado, precisamente, en la vasta zona de Vaca Muerta.
Los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Gustavo Hornos, confirmaron la postura de la Cámara Federal de Roca. Esta cámara hizo lugar el año pasado a un habeas corpus de la comunidad Campo Maripe (Añelo) por la irrupción de Gendarmería en Loma Campana (convocada por YPF). En esa ocasión, la fuerza del Estado obligó a integrantes de la comunidad a rodear el campo y retirarse del lugar donde estaba el personal de la petrolera YPF.
La paradoja del asunto fue que se prohibió actuar per se a las fuerzas de seguridad del Estado, algo que, se demostró ahora, podía derivar en la impunidad, ante la ausencia de seguridad concreta, de grupos paramilitares armados hasta los dientes, que hicieron lo que quisieron: cuando la policía llegó a Sierras Blancas, los patoteros hacía rato que se habían ido. La actuación que derivó en la detención de Levi fue, obviamente, posterior, cuando el hecho ya estaba consumado.
Cada tanto, la mafia muestra una parte de su cuerpo, probatorio de su existencia. Pero es solo lo visible, la punta del iceberg. El cuerpo mayor permanece oculto, y difícilmente la causa abierta ahora derive en una investigación mayor, que haría mucha falta, pero que chocaría contra intereses también mayores.
Rubén Boggi
