Polémicos edificios que alteran los ánimos en Neuquén

Los edificios que se encuentran habitados pero que aún no tienen la habilitación municipal constituyen un serio problema en la ciudad de Neuquén. Eso genera falta de agua, desbordes cloacales, cocheras inutilizables y conexiones eléctricas provisorias. Al respecto, la Justicia dejó en claro que la culpa es de los desarrolladores.

El tema es viejo. Pero uno de los casos que marcó un antecedente ocurrió en febrero último, cuando el juez en lo Civil Martín Peliquero condenó a Siri Construcciones S.R.L., a María Isabel Siri y a Raíces Neuquén S.R.L. por las irregularidades detectadas en el edificio “Ilia II”, ubicado en la esquina de Illia y Maestro Alderete.

La sentencia ordenó finalizar las obras pendientes e indemnizar a los propietarios que habían adquirido sus departamentos “en pozo” más de una década atrás. El expediente describe una serie de incumplimientos: unidades entregadas con superficies entre un 16 y un 20 por ciento menores a las prometidas en los contratos, cocheras imposibilitadas de funcionar por la ausencia del sistema de monta coches y un edificio entregado sin servicios esenciales como agua, gas, electricidad y ascensor.

El panorama se agravaba por otro dato: el edificio carecía de certificado final de obra, trámite que había sido rechazado por la municipalidad en 2017 al considerar que la construcción no reunía las condiciones necesarias. Los propietarios habían esperado desde 2013 para acceder a sus viviendas y recién pudieron tomar posesión en 2016. Sin embargo, el magistrado calificó aquella situación como una “posesión teórica”, ya que el estado general del edificio impedía un uso normal de las unidades.

En medio de estos conflictos, el EPAS (ente provincial del agua) aparece con frecuencia como destinatario de reclamos y cuestionamientos. Según sostienen desde el organismo, muchos desarrolladores señalan a la red pública como origen de los inconvenientes cuando los problemas, aseguran, se originan en obras privadas que no ejecutaron la infraestructura requerida.

Olor espantoso y música en sintonía

Por otro lado, en julio de 2025, la jueza de Faltas Romina Doglioli sancionó con más de 21 millones de pesos al desarrollador de un complejo ubicado en San Luis y Luis Beltrán por el vuelco de líquidos cloacales a la vía pública. En aquella decisión absolvió al EPAS y consideró que existió una omisión grave por parte del privado al no adecuar la infraestructura necesaria.

Desde el ente provincial explican que un edificio con decenas de departamentos no puede conectarse a la red utilizando la misma capacidad prevista para una vivienda unifamiliar previa ni descargar efluentes sin adecuar el sistema cloacal.

Los vecinos aseguran que hay departamentos de ese edificio que están habitados por sujetos que escuchan música a todo volumen y que incluso sacan los parlantes al balcón. “El olor de las cloacas es insoportable y la música horrenda que escuchan también”, acusó un vecino que pidió que su identidad no fuera publicada.

Las decisiones judiciales recientes señalan que la infraestructura pública puede tener limitaciones, pero la obligación de ejecutar las obras necesarias antes de entregar un edificio corresponde a quienes desarrollan los emprendimientos.