Se define el futuro de los estafadores planeros

El juicio que tiene como culpables a funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez, que perpetraron una estafa multimillonaria a la provincia de Neuquén con el manejo fraudulento de planes sociales, se movió una vez más. Ahora rumbo a las penas, que se conocerán en pocos días más. Los fiscales los quieren tras las rejas.

Es el juicio en el que fueron declarados coautores de la estafa, el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, el entonces jefe de planes sociales Ricardo Soiza, y otros reos identificados como Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Pablo Sánz; mientras que ente los partícipes primarios están Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emmanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Este martes, en una nueva audiencia del juicio, el fiscal Juan Narvaez, junto con las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, expusieron la postura del Ministerio Público Fiscal. Lo hicieron en el inicio del debate destinado a fijar la pena que corresponderá imponer a las personas declaradas responsables por el tribunal.

Durante la jornada de ayer sólo hubo tiempo para los alegatos de apertura y, de ese modo, anticipar la prueba que se producirá en los próximos días. Antes, el tribunal rechazó una serie de planteos de una de las defensas.

En total, el Ministerio Público Fiscal tendrá 33 testigos, entre ellos las dos contadoras de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, quienes realizaron parte de las pericias técnicas utilizadas durante la investigación y que resultaron relevantes para la acusación.

Cuando se debatió la responsabilidad, los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees concluyeron que, en el marco de las imputaciones por estafas con planes sociales, 12 de las 14 personas juzgadas cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Al mismo tiempo, los integrantes del tribunal descartaron la figura de asociación ilícita propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Para esta instancia, se reservaron fechas de audiencia hasta el 5 de diciembre, ya que cada una de las partes presentará su prueba testimonial y documental con el fin de sostener sus respectivos pedidos de pena, que serán formulados durante los alegatos de cierre. Según lo adelantado en audiencias previas, la fiscalía requerirá penas de prisión efectiva, mientras que las defensas intentarán ubicarse en los mínimos legales con el objetivo de obtener penas de ejecución condicional.

Las estafas

Las maniobras defraudatorias se cometieron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, por un monto histórico de $153.377.900, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones creadas para atender situaciones de desempleo.

Los cobros se realizaban mediante el uso de tarjetas de débito otorgadas a beneficiarios de los programas sociales. En algunos casos colaboraban, pero en otros ni siquiera sabían que figuraban como titulares.