La purga alcanzó a otros cuatro (todos por faltas graves)

La purga, producto de la tolerancia cero que, ni bien asumió, puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa, alcanzó a otros cuatros sujetos, todos por hechos muy graves y que incluyen a una agente que se quedó con dinero del Estado, otra que se fue a Chile mientras tenía licencia médica, un policía que le robó a un compañero y un sujeto que fue condenado por abuso (no en el ámbito de la administración pública, sino en su entorno privado).

El primero de los casos se saldó con una exoneración (castigo más severo que la cesantía), que recayó sobre una tal Mabel Carlina Rastellini, quien era oficial público de Registros Civiles y le endilgaron haberse quedado con dinero de la Provincia.

Así se explicó textualmente en el expediente: “Celebró un matrimonio fuera de la oficina registral omitiendo deliberadamente el procedimiento legalmente previsto para ese tipo de actos, dejando de generar la correspondiente boleta mediante el sistema oficial, percibiendo el dinero por una cuenta personal de Mercado Pago y omitiendo efectuar la rendición de los aranceles que correspondían ingresar al Estado provincial”.

En otro de sus párrafos la documentación oficial expresa: “Se comprobó la existencia de graves irregularidades en la documentación respaldatoria del trámite, verificándose inconsistencias en la declaración jurada previa, omisión de los recaudos exigidos para matrimonios celebrados fuera de la sede registral, alteraciones materiales en la documentación y la falta de observancia de las formalidades establecidas por la normativa vigente para este tipo de actos públicos”.

En documentación oficial consta que Rastellini admitió haber percibido dinero por fuera de los canales oficiales al manifestar lo siguiente: “Sí (...) Yo a esos chicos, lo único que les cobré fue para el taxi, yo les pedí esa suma de dinero, yo no les cobré el casamiento, solamente la movilidad para poder trasladarme al lugar del casamiento y que me espere el taxi (…)”.

En paralelo a las actuaciones administrativas hubo una denuncia penal en la que, al parecer, reconoció su responsabilidad por los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada, aceptando la pena acordada de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y multa de 450.000 pesos.

El segundo caso es una cesantía que alcanzó a la flamante ex agente Karina Stefanie Jaña Reyes, quien era personal de planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil. Básicamente, le achacaron utilización irregular de licencia. El sumario se lo iniciaron por haberse ausentado del territorio provincial y nacional, con destino a Chile en fechas coincidentes con períodos de licencia por largo tratamiento de salud, sin la correspondiente autorización administrativa. Los auditores dieron por probado que se ausentó el 18 de noviembre de 2023, el 30 de diciembre del mismo año y el 20 de febrero de 2024.

El tercer caso es la cesantía del ex cabo de Policía Francisco Andrés Pertusatti, por haber incurrido en faltas previstas tanto en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales. En el expediente consta que el 2 de mayo de 2025 la Comisaría N 16 del Barrio San Lorenzo (de la ciudad de Neuquén) informó sobre la denuncia judicial radicada por un oficial ayudante, quien luego de cumplir su jornada de servicio constató la sustracción de una funda cubre volante y de un logo de marca del interior de su vehículo particular, el cual se encontraba estacionado en el patio interno de dicha unidad.

En el documento se explica que “se logró determinar la responsabilidad del cabo Francisco Andrés Pertusatti", estableciéndose de manera fehaciente que los elementos sustraídos se encontraban ocultos en el interior de su rodado particular.

En el cuatro caso, el Ejecutivo provincial convalidó la resolución del 20 de agosto de 2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le dio de baja de los cuadros de la administración pública provincial a un delincuente identificado como Orlando Basilio Marillán, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio (portero) en la Escuela Primaria N 356 de Neuquén capital.

Según se explicó al respecto, la baja se aplica a partir del 22 de abril de 2026, momento que adquirió firmeza la sentencia condenatoria en autos caratulados “Marillán, Orlando Basilio abuso sexual agravado por la edad de la víctima conviviente”. En el expediente se explica que la Justicia le impuso la pena de 11 años de prisión de efectivo cumplimiento.