Echaron a otros tres ñoquis, por abandono de sus cargos

La tolerancia cero frente a los incumplimientos en el Estado provincial neuquino volvió a traducirse en despidos. Esta vez, el gobierno de Rolando Figueroa dispuso la cesantía de tres empleados públicos por abandono de sus cargos, tras investigaciones administrativas que acreditaron inasistencias injustificadas y reiteradas.

Uno de los despedidos es Héctor José Adrián Romero, quien se desempeñaba en el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. El sumario registró ausencias durante enero, febrero y marzo de 2024, además de testimonios que señalaron que fichaba y se retiraba, llegaba tarde y resultaba imposible asignarle tareas. Pese a haber sido citado, no se presentó a declarar ni realizó un descargo.

Los otros dos agentes cesanteados son Claudio Alejandro Pino y Liliana Graciela Alfaro, ambos de planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. En el caso de Pino, se acreditaron faltas injustificadas entre enero y julio de 2024, además de una inasistencia en agosto. Alfaro fue sancionada por ausencias entre junio y agosto de ese año, mientras que el expediente también consignó inasistencias durante el primer semestre de 2025, en todos los casos según consta en el expediente.

Las medidas se inscriben en los cambios que Figueroa puso en marcha desde diciembre de 2023, con el objetivo de eliminar gastos innecesarios, terminar con los privilegios y concentrar los recursos en las funciones esenciales. El gobernador señaló recientemente que el 82% del gasto salarial provincial se destina a Salud, Seguridad y Educación, una prioridad que acompaña la reducción de la planta política y la limitación de nuevos ingresos.

Ahora, los tres expedientes fueron remitidos a Recursos Humanos para determinar si los agentes cobraron salarios durante períodos en los que no trabajaron. Si se comprueba que hubo pagos indebidos, se impulsarán acciones para recuperar el dinero y, si fuera necesario, intervendrá la Fiscalía de Estado para reclamar su devolución por vía judicial. La decisión apunta a que el incumplimiento de las obligaciones laborales no quede sin consecuencias para quienes cobran del Estado.