Firmó un pagaré en blanco y casi queda en la ruina

El sujeto que le vendió el auto lo completó y puso más de 34 millones. Estuvieron a un paso de embargarlo

Firmó un pagaré en blanco y casi queda en la ruina

El fiscal Marcelo Jofré formuló cargos contra un sujeto y lo acusó de alterar un pagaré firmado en blanco y utilizarlo para reclamar judicialmente una deuda de $33.440.000 que no existía. Los investigadores pudieron establecer que el documento había sido entregado como garantía de un saldo de $9.000.000 por la compra de un vehículo.

El sujeto estuvo cerca de concretar la maniobra fraudulenta, pero la Justicia advirtió la jugarreta la frenó a tiempo. El hecho ocurrió en Zapala entre febrero y abril de este año.

Según pudo establecerse al respecto, la víctima le entregó a este individuo (al que solo identificaron por sus iniciales: R.O.V.), un pagaré firmado, pero con el espacio correspondiente al monto en blanco. El documento debía garantizar el pago de un saldo de $9.000.000, cuya financiación se había acordado por un plazo de tres meses.

De acuerdo con la hipótesis que expuso el fiscal, R.O.V. completó el pagaré con una suma de $33.440.000, más de $24.000.000 por encima del monto acordado. También consignó fechas de libramiento y vencimiento que permitieron utilizar el documento para iniciar un reclamo judicial.

El 14 de abril de 2026, a través de un juicio ejecutivo de cobro de pesos, el acusado reclamó el pago de los $33.440.000, más intereses, gastos y costas. En ese expediente, el juez civil ordenó intimar al pago y dispuso un embargo, pero el cobro no llegó a concretarse: el 8 de septiembre de 2026, el mismo magistrado suspendió el dictado de la sentencia definitiva hasta que concluya el proceso penal.

Ahora, tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz hizo lugar a los planteos del fiscal, y tuvo por formulados los cargos por defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal, ambas en grado de tentativa y en concurso ideal, en carácter de autor. Además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dispuso una audiencia de control de investigación dentro de los dos meses.

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