Estafa planera: Soiza aludió a Omar Gutiérrez

Uno de los señalados como presunto cabecilla de la hipotética asociación ilícita que perpetró, supuestamente, una estafa a la provincia de Neuquén durante el gobierno de Omar Gutiérrez, insinuó que este último tuvo alguna responsabilidad en aquella cadena de irregularidades que por estos días se ventila en un juicio oral.

El ex director de planes, Ricardo Soiza, -de él se trata- está acusado de la presunta comisión del delito de defraudación y, en sus declaraciones, arremetió contra los llamados arrepentidos, es decir sospechosos de delitos que declararon en su contra. “Es una tortura estar acá”, dijo y agregó: “De los cuatro arrepentidos me asombró la caradurez de los cuatro, cínicos y mentirosos”. “Después me fui enterando de que tenían autos, negocios y me quedé asombrado de la mentira”, acusó.

Respecto de los planes sociales, Soiza contó por qué fue que se empezó a bancarizar el sistema. “Antes de la pandemia teníamos problemas porque antes del pago teníamos toda la manzana ocupada”, sostuvo. Y, según un medio local, contó que “en Ciudad Deportiva tuvimos un intento, pero después entre los grupos hubo problemas y hasta heridos”.

Respecto de Gutiérrez aseguró que “por orden del gobernador se le entregaba los cheques a los grupos. Eran personas muy complicadas y delicadas y se les entregaba el sobre con los cheques y se les hacía firmar los recibos. Eso vino todo del gobernador”. También dijo que habló con Gutiérrez en un acto y que lo autorizó a entregar los cheques directamente a los referentes. “Acá parece que no están los rubios de ojos celestes y son todos negros e indios”, comentó en una crítica a los fiscales.

También dijo que por aquellos tiempos sufrió amenazas de organizaciones piqueteras. “Me amenazaron a mi nieto, a mis hijos, a mi negocio (el restaurante Faraón). Había que resolverlo, no sé cómo, pero la sociedad lo pedía y a la larga el responsable era yo”, indicó.

La causa investiga el supuesto desvío de fondos de beneficiarios de planes sociales, en el período comprendido entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Se cree que una banda de delincuentes (funcionarios y externos) que supuestamente también integraba el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, se quedó con los recursos que estaban destinados a las familias económicamente vulnerables. Habrá que ver a que conclusión se arriba en el juicio.