Buscan cobrarles “canon por el agua” a las hidroeléctricas

La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura neuquina debatió, este miércoles, una iniciativa para que la provincia pueda comenzar a cobrar un canon por uso del recurso hídrico a las empresas hidroeléctricas que se encuentran asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén.

El debate llega en un momento particular, ya que está muy cerca de vencer la prórroga de 60 días, que el gobierno de Javier Milei les otorgó a las empresas privadas cuyas concesiones ya se encontraban vencidas. Como propietaria del recurso natural, la provincia reclama participación en la administración de las represas. De hecho, el gobernador Rolando Figueroa envió una carta documento para que Nación se abstenga de adoptar medidas respecto de las represas, sin consultar a Neuquén. Y lo mismo hizo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Ahora, al hablar sobre el alcance del proyecto para cobrar aquel canon, el diputado Claudio Domínguez (MPN) indicó que el pago del canon se circunscribe únicamente al agua turbinada que utilicen las hidroeléctricas y justificó el cobro por el recurso al señalar que lo que actualmente se abona en concepto de regalías es ínfimo y representa el 3% de los que se genera a costo mayorista.

De igual modo, recordó que la industria hidrocarburífera paga en la actualidad un monto por el metro cúbico de agua que se utiliza para realizar fracturas hidráulicas. A ello, agregó que lo recaudado se destinará a un fondo específico que permitirá subsidiar la tarifa eléctrica en las localidades que más lo necesiten, emprender proyectos provinciales de centrales térmicas o de parques solares para bajar el costo del insumo eléctrico y destinar recursos a municipios para que puedan desarrollar obras de luz, gas y saneamiento, entre otros puntos.

En ese sentido, Domínguez adelantó que uno de los objetivos que persigue la iniciativa es poder autoabastecer a la provincia de energía y que la misma se encuentre por debajo del costo que se debe pagar a nivel nacional para que una mayor cantidad de industrias se quieran instalar en la zona.

Por su parte, desde el bloque oficialista Avanzar, el legislador Francisco Lépore advirtió sobre una posible judicialización y consideró que el cuerpo debe ser muy cuidadoso respecto del objeto que se intenta gravar y bajo qué modalidad lo pretende llevar a cabo, por tratarse de concesiones que todavía se encuentran vigentes.

De igual modo, respaldó la intención del proyecto y recordó que la provincia se encuentra ante “una ventana” para poder introducir el tema al indicar que al efectuarse las concesiones aún no se encontraba vigente la manda constitucional que otorga el dominio del recurso a las jurisdicciones provinciales.