La ley Lucio y la vulneración de los derechos de los niños

Como todo, o casi todo en la Argentina, se necesitó que un shock o de una conmoción generalizada para que aquellos que tienen la obligación de hacerlo, centraran sus miradas en las necesidades de la población. Lamentablemente, el estremecedor caso de Lucio Dupuy, el chiquito de apenas 5 años, abusado y asesinado a golpes por su progenitora y la pareja de esta no escapaba a dicha generalidad.

Lucio estaba al cuidado de su familia paterna y llevaba una vida feliz, como la de cualquier otro niño, hasta que la jueza de Familia y del Menor de General Pico (La Pampa), Ana Clara Pérez Ballester ordenó que volviera con quien lo había abandonado: su progenitora. Ahí comenzó el infierno para el chiquito y para aquellos que lo amaban y ahora lo lloran. Si la magistrada no estudió el expediente, es grave. Si lo estudió, lo es aún más. Por lo pronto, el abuelo de Lucio definió a esta jueza como “la tercera asesina”.

Hubo un juicio. En febrero último, se conocieron las condenas a prisión perpetua para ambas asesinas, Magdalena Espósito Valenti (progenitora) y Abigail Páez (pareja de esta). La sociedad expresó satisfacción por la condena pero no declinó en su indignación, y el Congreso nacional retomó el proyecto cuya aprobación tenía pendiente. Fue así que, este jueves, el Senado aprobó la llamada ley Lucio que básicamente viene a prevenir el maltrato infantil a través de un “Plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes".

La norma, que se aprobó por unanimidad, propende a lograr que -de ahora en más- los funcionarios hagan lo que no hicieron para evitar el asesinato de Lucio. Dispone, entre otras cosas, la capacitación obligatoria sobre derechos de la infancia, como así también sobre violencias contra niñas, niños y adolescentes; y establece que quienes deben capacitarse son aquellos que ejercen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Pone en vigencia, además, un protocolo de actuación conjunta entre el Ejecutivo y el Judicial para dar respuesta inmediata o detectar y prevenir el maltrato. Si estas y otras acciones sirven para evitar padecimientos, por supuesto son bienvenidas. Ahora, si la jueza que le entregó el chiquito a quienes luego serían sus asesinas no responde por ello, habrá motivos para sospechar que la corporación judicial no está dispuesta a modificar su actitud y que los cambios no son tan profundos como la sociedad lo demandaba o demanda.

Doloroso e indignante, el caso Lucio es extremo. Pero lo actuado por la jueza que literalmente lo entregó tiene su correlato en expedientes que tramitan en juzgados de Familia de todo el país, incluida por supuesto la provincia de Neuquén. Son casos en los que jueces y juezas de ese fuero no cumplen con sus obligaciones éticas y legales de garantizar los derechos de aquellos niños y niñas a los que tienen que proteger, simplemente porque los protegen las leyes.

En la legislación, los derechos de los niños tienen un interés superior y ante un conflicto de intereses deben prevalecer. Pero en la Justicia neuquina se cuentan por miles los expedientes en los que ante la obstrucción deliberada, injustificada e ilegal del vínculo por parte de la madre, jueces y juezas resuelven a favor de esta, por temor a quedar expuestos tanto a las presiones (internas y externas) como a las “sanciones” sociales del feminismo extremo. Está claro que no hay igualdad ante la ley. Y  que tampoco hay garantías para aquellos niños y niñas cuyos derechos son reiteradamente vulnerados.

En Neuquén, cuando una mujer en litigio con su ex pareja obstruye el vínculo del padre con sus hijos, los componentes de la corporación judicial no se animan a avanzar más allá de una intimación a cumplir con la ley. Es una formalidad, un simple papelerío. Y la mayoría no acata esa orden porque, por supuesto, no hay consecuencias. En cambio, si el que incumple es un  hombre el peso de la ley caerá expeditivamente sobre él, con el máximo rigor posible.

Alcanza una falsa denuncia de la madre para que esos magistrados y magistradas corten el sagrado vínculo entre padre e hijos y pierdan años que no recuperarán jamás. El temor a tener que dar respuestas ante aquella nueva manifestación de los fanatismos, lleva a estos funcionarios a profundizar en su propia desidia y a resolver en perjuicio de los niños, sin constatar jamás la veracidad de esa denuncia. El padre puede sufrir años esperando. Y los hijos e hijas también. Los derechos son vulnerados.

Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que envió literalmente a Lucio a aquel infierno de crueldades y ensañamientos, no tomó recaudo alguno. Resolvió  cómo resolvió, quizá como resuelven otros y otras, y es precisamente esto lo que habrá que revisar para que los dramas no se repitan.

En febrero, Pérez Ballester fue denunciada por la Fundación Más Vida, que le endilgó mal desempeño. También fue objeto de una reacción (tardía pero bienvenida) de diputados pampeanos -oficialistas y no- que anunciaron un pedido de enjuiciamiento (jury), también por mal desempeño. Quieren que se evalúe su posible destitución.

“Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro, para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón”, acusó Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, en cada medio de prensa al que fue invitado.

En Neuquén hay vínculos entre padres e hijos que han sido cortados por falsas denuncias o sin que se hayan evaluado detenidamente la situación, pese a que jueces y juezas tienen la obligación de evaluarla. Tampoco se ha observado un trabajo coordinado entre los poderes del Estado, ni una preocupación por ponerles fin a estos padecimientos; a punto tal que no se escuchó a ninguno de los candidatos o candidatas (literalmente a ninguno) expresarse sobre esta realidad, que es angustiante para muchos.