El gobierno miente, y la oposición también

El gobierno no dice la verdad, es decir, miente; y la oposición también. Cada quien se ocupa de satisfacer sus necesidades inmediatas, y para conseguirlo, parece necesario velar la realidad, o, al menos, distorsionarla lo suficiente como para cumplir el propósito fundamental. En la coyuntura, flota un ambiente potencialmente alienante, muy perjudicial para los atribulados ciudadanos argentinos.
La cercanía del fin del gobierno, proceso electoral mediante, y la inexorable asunción de otro, es la excusa para utilizar naturalmente, con impudicia, el mecanismo distorsivo. Esto se ha hecho absolutamente claro a partir de la puesta en marcha de la eliminación parcial de los subsidios al costo de la energía, momento que se describe como el de un nuevo tarifazo.
El gobierno nacional hizo todo lo posible para eludir ese concepto, tarifazo. Utilizó todos los eufemismos posibles, algunos de ellos casi ridículos. De la misma manera que se elude hablar de un ajuste, aunque en los hechos se lo practique. Pero lo sorprendente es que la oposición (al menos la más fuerte, la que -con oscilaciones- viene de Juntos por el Cambio) pretende aprovechar esa vacilación vergonzosa, cargando las tintas en el mismo concepto (tarifazo) y evidenciando lo perjudicial que será para la gente, y cómo eventualmente provocará un nuevo salto de la alta inflación argentina; y lo hace mientras reconoce que su posición política es que las tarifas realmente están atrasadas, y que sostener los subsidios no solo era imposible, sino que es filosóficamente inadecuado, en este o en cualquier otro momento.
El nivel de alienación, de locura, crece así exponencialmente. Porque lo cierto es que no, las tarifas no han aumentado, aunque sí lo harán las facturas que pagará el ciudadano, con más o menos aumento. La quita parcial de subsidios no incide en la tarifa, sino en el monto de las facturas que pagan los ciudadanos. Los productores de energía, los distribuidores, y toda la cadena que nace en un yacimiento o en una usina o en una toma de agua, no recibirán más plata que la que estaban recibiendo: solo cambiará el origen de esos fondos. El Estado gastará menos, y los ciudadanos gastarán más; pero los productores de energía continuarán con el mismo nivel de ingresos, solo atado a los niveles de consumo.
El gobierno no comunica claramente, pues carga con la culpa de hacer un ajuste que no quería hacer, y que solo hace -Sergio Massa y su virtual presidencia mediante- porque no había más opción antes del desastre. La oposición tampoco asume la realidad del momento, porque está demasiado ocupada en exprimir la ventaja que le da un gobierno débil, apurado, nervioso, que tuvo que aplicar una receta a la que sus principales referentes habían criticado duramente cuando el período de gobierno de Mauricio Macri estaba vigente, y después también.
Lo cierto es que el precio de las tarifas, y el gasto público, y el equilibrio o desequilibrio fiscal, son cuestiones que en Argentina estuvieron y siguen estando profundamente ideologizadas: se las ve según el color político de quien pretende interpretarlas. Es así porque en Argentina no se hace economía despegada del interés político, sino todo lo contrario: primero está el interés político atado a la inmediatez, y, después, la economía.

Rubén Boggi