Cámaras y armas reflejan el fortalecimiento de la seguridad

La seguridad pasó de ser una deuda acumulada a convertirse en una prioridad del gobierno neuquino. Cuando Rolando Figueroa asumió, encontró un sistema con múltiples inconvenientes, infraestructura insuficiente y necesidades de equipamiento que se habían profundizado por la ausencia de inversiones durante la gestión de Omar Gutiérrez y su ministra, Vanina Merlo. Revertir esa situación exigió decisiones políticas, recursos y un cambio de enfoque: dejar de administrar las carencias y comenzar a fortalecer las herramientas para prevenir y combatir el delito.

La modernización del sistema de videovigilancia es una muestra concreta de ese rumbo. Mediante el decreto 1882/2026, la Provincia autorizó una licitación para pasar de 1.680 a 3.028 cámaras, un incremento del 80% que alcanzará a Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre. No se trata solamente de sumar dispositivos: el proyecto incorpora tecnología de última generación, inteligencia para analizar imágenes, identificación automática de vehículos y un sistema propio y autogestionado que fortalecerá la autonomía operativa provincial.

La inversión también alcanza directamente a quienes están en la primera línea de la prevención. Los decretos 1718 y 1771 autorizaron la compra de 1.200 dispositivos Byrna y Taser, junto con cámaras corporales y equipamiento complementario, por más de 6.071 millones de pesos. Estas armas, que cuentan con un amplio consenso social como alternativas de intervención de baja letalidad, permitirán ampliar las posibilidades de actuación policial. La incorporación estará acompañada por capacitación y certificación del personal, porque equipar a la Policía también significa profesionalizar su tarea.

Pero el cambio no se mide únicamente en cámaras, patrulleros o dispositivos. También se refleja en la decisión de enfrentar el narcomenudeo sin delegar responsabilidades ni esperar respuestas ajenas. Desde la implementación de la Ley 3488, entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026, se realizaron 500 allanamientos, se consiguieron 218 condenas y se clausuraron 43 puntos de venta de drogas. A eso se suman 227 kilos de marihuana, 49,5 kilos de cocaína, 102 armas y 276 millones de pesos secuestrados. Son resultados de una política que decidió intervenir sobre uno de los problemas que más afectan la tranquilidad de los barrios.

Neuquén todavía tiene desafíos por delante, pero la dirección del cambio es evidente. Frente a un sistema que recibió con falencias estructurales y años de inversión insuficiente, el gobierno provincial eligió intervenir, equipar, modernizar y actuar. La diferencia entre la etapa anterior y la actual no está solamente en los anuncios, sino en las herramientas incorporadas y en los resultados que ya pueden exhibirse. La seguridad ya no ocupa un lugar secundario: es una prioridad de gestión y una condición indispensable para acompañar el crecimiento de Neuquén y proteger a sus familias.