Comarsa: los empresarios terminarán en el banquillo

La causa por la contaminación en un predio que operaba la empresa Comarsa -en la ciudad de Neuquén- se volvió a mover. Ahora, el tribunal de Impugnación que integran los jueces Richard Trincheri, Nazareno Eulogio y Florencia Martini, revocó la resolución del juez Lucas Yancarelli quien el 19 de marzo había dictado una suspensión de juicio a prueba (o probation). Esto significa que los empresarios, que creían haber zafado, irán a juicio y serán sentados en el banquillo de los acusados.

Los tres jueces estuvieron de acuerdo en que lo resuelto por Yancarelli debía ser revocado fundamentalmente por haber sido dispuesto sin la anuencia del Ministerio Público Fiscal, que es quien lleva adelante la acción penal. Para dictar una suspensión de juicio a prueba sin el consentimiento de la fiscalía se debe fundamentar la falta de razonabilidad de la oposición del fiscal, lo que para Eulogio y Martini no ocurrió en este caso.

La disidencia estuvo en cuanto a la forma de proseguir con el proceso. Trincheri consideró que la suspensión de juicio a prueba es un recurso todavía posible, pero quedó en soledad con esa postura y perdió.

El juez Eulogio y la jueza Martini, conformaron la postura mayoritaria y entendieron que, en este caso, habiendo oposición fiscal motivada y razonable, por existir un interés público prevalente, y posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras, lo que correspondía era tomar competencia positiva, rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba y ordenar que se realice la audiencia de control de acusación con otro juez. Le dieron a su resolución efecto inmediato y apartaron al juez Yancarelli de su intervención en este legajo.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal y dos asociaciones que intervienen como querellantes, le habían pedido al tribunal de Impugnación que revocara la probation otorgada a los directivos imputados de la firma y habilitara el avance hacia el juicio.

En aquel momento, el fiscal Maximiliano Breide Obeid señaló que lo investigado constituye “la punta del iceberg” del pasivo ambiental producido en el predio. Uno de los puntos centrales es la incorporación de unos cuadernos secuestrados durante la investigación y atribuidos a uno de los imputados, cuya autoría fue confirmada por pericia caligráfica. Según la acusación, esos registros evidencian la planificación de maniobras para simular cumplimiento, sostener la actividad y entorpecer la investigación judicial, lo que refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y sostenida en el tiempo.

Breide Obeid mencionó además un informe construido a partir de más de mil actas de inspección de organismos provinciales, municipales y nacionales entre 2013 y 2021, que documentan incumplimientos reiterados de la empresa y sanciones administrativas. Pese a ello, indicó que se continuaron otorgando habilitaciones y ampliaciones, lo que agravó el daño ambiental, durante el gobierno de Omar Gutiérrez.