Lo echaron por orinar el escritorio de su compañera

Una empleada de la Municipalidad de Roca, provincia de Río Negro, comenzó a sentir un fuerte olor  en su oficina. También encontró manchas en el escritorio, el teclado y otros muebles que utilizaba para trabajar.

La situación se repitió y decidió instalar una cámara en uno de los parlantes de su computadora para descubrir qué ocurría cuando ella no estaba. Las imágenes mostraron a un compañero de trabajo que orinaba sobre sus elementos de uso cotidiano. Tras una investigación administrativa, el municipio dispuso su cesantía.

El hombre rechazó las acusaciones y sostuvo que su despido se había basado en pruebas inválidas. Cuestionó la forma en que se obtuvieron las imágenes, la conservación de los archivos y la falta de una cadena de custodia que garantizara su autenticidad. También señaló que el video había sido modificado. Según su planteo, esas supuestas irregularidades afectaron su derecho de defensa y volvieron infundada la sanción.

El exempleado acudió al Poder Judicial para solicitar la nulidad de las resoluciones municipales, su reincorporación, el pago de los salarios que dejó de percibir y una indemnización por daño moral.

En una primera sentencia, el fuero Laboral de Roca hizo lugar a su reclamo, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló esa decisión y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Tras revisar las actuaciones, la Cámara Segunda del Trabajo de Roca rechazó íntegramente la demanda y mantuvo la validez de la cesantía.

Durante el procedimiento administrativo, la Municipalidad sostuvo que el trabajador había cometido una falta grave contra una compañera y había incumplido los deberes propios de su función pública.

La investigación concluyó que orinó sobre bienes municipales utilizados por la mujer y que su conducta no constituía solamente un daño a los elementos de trabajo. El municipio consideró que se trataba de una agresión dirigida específicamente contra ella, que afectó su dignidad y su integridad psicológica. Por esa razón, aplicó una sanción expulsiva con perspectiva de género.