Más de 200 delincuentes condenados y 43 guaridas clausuradas

Desde que la Provincia de Neuquén asumió la lucha contra el narcomenudeo (que hasta entonces estaba bajo la órbita de la Justicia federal, que no daba abasto) se fortaleció el combate contra el delito. Los resultados reflejan el alcance de esa decisión del gobernador Rolando Figueroa: 500 allanamientos en aguantaderos de venta de drogas, 218 delincuentes condenados y 43 clausuras de nidos de ratas. Así lo establece el balance de la dirección Antinarcóticos, correspondiente al período comprendido entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre último.

Estas cifras representan un promedio aproximado de seis allanamientos por semana durante el período informado y reflejan una tarea sostenida de investigación e intervención contra los puntos de comercialización de drogas, también llamados guaridas o aguantaderos.

La implementación de la Ley provincial 3488 -impulsada por los tres poderes del Estado provincial neuquino- permitió que la Provincia avanzara tal como lo esperaba la sociedad. Al respecto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó: “La decisión de asumir esta responsabilidad fue acertada. No podíamos seguir esperando los tiempos de la Justicia Federal mientras los vecinos reclamaban respuestas contra la venta de drogas en sus barrios. Tomamos las riendas porque entendimos que la Provincia tenía que involucrarse y actuar. Cada punto de venta que se cierra es un avance para la comunidad, y cada condena es un mensaje claro: vender droga en Neuquén tiene consecuencias”.

“Nuestro objetivo es que ningún lugar de Neuquén quede fuera de esta tarea y que las familias sepan que hay un Estado presente, decidido a protegerlas”, agregó Nicolini.

El balance incluye el secuestro de 227 kilos de cannabis (marihuana), 49,5 kilos de clorhidrato de cocaína y 18 pastillas de éxtasis. También se incautaron 276 millones de pesos y 28.300 dólares, además de 124 vehículos. Las intervenciones permitieron retirar de circulación 102 armas y 2.770 municiones.

A las 43 clausuras de aguantaderos se sumaron cinco demoliciones con topadoras. Estas acciones forman parte de una respuesta planificada para impedir que los lugares utilizados para comercializar drogas continúen funcionando y afectando la vida cotidiana de los barrios. Todas estas acciones evidencian un cambio abismal respecto de la gestión de Omar Gutiérrez y de su ministra de Seguridad, Vanina Merlo, cuando la ausencia de estrategias era evidente.