Habrá 95 testigos en el juicio a los estafadores planeros

Ya está todo listo para el juicio que sentará en el banquillo de los acusados a 15 sujetos que -según las investigaciones- desviaron y usaron en beneficio propio, el dinero que estaba destinado a familias de escasos recursos económicos. Se trata de la mega estaba con planes sociales que una banda compuesta por ex funcionarios, empleados estatales y particulares, perpetraron contra la provincia de Neuquén durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

El juicio comenzará el 21 de julio, y se estima que se extenderá, al menos, hasta la segunda semana de septiembre. La fiscalía presentará 95 testigos, y se estiman cada uno de ellos expondrá durante entre 30 y 60 minutos.

El robo está probado y de hecho hay sujetos que ya reconocieron sus condiciones de delincuentes. Sin ir más lejos, el 12 de abril, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama homologó los últimos dos acuerdos de condena. Estos omprendieron a dos sujetos identificados como Rodolfo López y Adrián Meza Lizama. En total, las condenas previas al juicio alcanzaron a nueve delincuentes confesos: Gustavo Roberto Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Omar Ulises Rodríguez Quezada y los nombrados, López y Meza Lizama.

Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.

Las condenas fueron por 3 años de ejecución condicional (es decir que no quedaron presos) y cumplimiento de reglas de conducta, además del pago de sumas de dinero a instituciones de bien público.

Los que irán a juicio

La teoría del caso de la fiscalía es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de 153.377.900 pesos (monto histórico, sin actualizar).

Los investigadores dieron por acreditado que realizaron un total de 9.303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.

Entre los supuestos cabecillas de la banda de ladrones los investigadores ubicaron a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas; Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración de esa cartera.

Respecto de los imputados y las imputadas incluidas en la acusación, el equipo integrado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, pretenderá penas superiores a los 3 años de prisión efectiva.