Quiénes son los ex funcionarios sospechados en otro fraude
Eran del gobierno de Gutiérrez. Tres de ellos también están imputados en la estafa con planes sociales
El mundillo de la política neuquina se ve sacudido una vez más. Y nuevamente es por un multimillonario fraude al Estado provincial, perpetrado durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez. Se trata de la causa judicial que se inició para establecer las responsabilidades en el desvío de la fortuna que el gobierno de entonces les confió a referentes de organizaciones sociales para que realizaran cursos de capacitación laboral; y que usaron para beneficio propio, según la investigación.
Ayer fueron formalmente acusados seis sujetos (entre ellos una ex diputada provincial por el Frente de Izquierda, FIT) y, al término de esa misma audiencia, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez confirmaron que se evalúa la posibilidad de indagar a ex funcionarios provinciales.
¿Quiénes son los sospechados? Los siguientes: el ex ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino; el también ex conductor de la misma cartera, Abel Di Luca; el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y el ex coordinador provincial de ese ministerio, Tomás Siegenthaler.
Un hecho no es menor: Di Luca, Siegenthaler y Soiza (dueño del restaurante céntrico Faraón) están a pocos días de ir a juicio oral como cabecillas de la asociación ilícita -o banda de delincuentes- que perpetró otra gran estafa: la que hicieron a partir del manejo de planes sociales, también durante la gestión de Omar Gutiérrez.
Viento en contra
En la causa que se movió ayer, la fiscalía acusó a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur por haber defraudado al Estado en más de 1.300 millones de pesos con los que, en lugar de asistir a desempleados, compraron terrenos, también vehículos y colocaron fondos en plazo fijo.
Los que quedaron formalmente acusados fueron el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez; mientras que como colaboradores indispensables quedaron imputados Federico Sánchez, Elizabeth Navarrete y la ex diputada por el FIT, Gabriela Supiccich.
El fiscal Vignaroli detalló que el programa cuestionado había sido iniciado en agosto de 2022 con la Cooperativa Viento Sur Limitada la que habría recibido dinero para capacitar a sus integrantes para la inserción laboral. La maniobra delictiva se estiró hasta diciembre de 2023 (cuando cambió el gobierno) y se estima que la gestión de Gutiérrez les giraba dinero a las organizaciones sociales para evitar que estas realizaran protestas y cortes de calles. No obstante, la suma es multimillonaria.
