Imputaron, por lesiones graves, a cobardes patoteros

El fiscal Ardían De Lillo y el asistente letrado Federico Gayós formularon cargos a tres patoteros acusados por golpear y lesionar a dos jóvenes. La agresión la cometieron a la salida de un boliche, en el predio de la terminal de Ómnibus de la ciudad de Villa La Angostura y los cobardes -todos mayores de edad- fueron identificados por sus iniciales: S.M.T., G.D.M. y A.R.S.

Los fiscales dieron por acreditado que los ataques fueron dos, ambos el 23 de febrero último. Contaron que, cerca de las 7:00, S.M.T. y G.D.M. agredieron a un joven dentro del predio de la Terminal de Ómnibus. El ataque fue traicionero, ya que se le fueron encima cuando estaba sentado en un banco junto a un grupo de amigos. Encima los atacantes no estaban solos, sino con otros sujetos.

Lo increparon y le recriminaron una discusión que se había originado dentro de un boliche cercano. Tras ello, G.D.M. le dio una patada en la cara que lo hizo caer al suelo y S.M.T. lo agredió con golpes de puño. En un momento, el joven pudo levantarse e intentó retirarse, pero los dos imputados continuaron golpeándolo hasta que quedó tendido en el asfalto. Producto de la agresión recibió lesiones graves en la cara con pérdida de piezas dentales.

El segundo hecho sucedió inmediatamente después, en el mismo lugar. Fue cuando S.M.T. y A.R.S. atacaron a uno de los jóvenes que acompañaba a la primera víctima, a este lo golpearon por haber defendido a su amigo. En esas circunstancias, los imputados le dieron golpes de puño y patadas y le provocaron lesiones.

Los delitos que De Lillo y Gayós les atribuyeron a estos malvivientes son: lesiones graves en carácter de coautores respecto de S.M.T. y G.D.M. por el primer hecho; en concurso real con lesiones cometidas en riña también en carácter de coautores en relación a S.M.T y A.R.S. por el segundo hecho.

El juez de garantías Ignacio Pombo, quien estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos requerida por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Además, el magistrado fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses y fijó las medias cautelares de acuerdo a lo solicitado por el mismo plazo.