Estafa con planes: acuerdan castigos para dos delincuentes

La causa por la mega estafa a la provincia de Neuquén, que tiene entre sus procesados (como cabecillas de una banda de delicuentes) a Ricardo Soiza y a Abel Di Luca se movió una vez más. Ahora, el fiscal Juan Manuel Narvaez y la asistente letrada Agustina Jara, presentaron acuerdos de pena para imponer condenas a dos de los delincuentes, con imputaciones menores a las de esos dos.

El caso es el de las estafas con planes sociales que jamás llegaron a las familias carenciadas, porque una banda desvió los fondos y se los robó. Ocurrió durante el gobierno de Omar Gutiérrez, en el que esos dos fueron funcionarios de alto rango: Soiza fue director de Planes y Di Luca fue ministro de Desarrollo Social.

Ahora bien, uno de los malvivientes comprendidos en el nuevo acuerdo fue identificado con sus iniciales (R.A.L.), para quien pidieron 3 años de prisión en suspenso, 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad. Mientras que para otro ladrón (A.A.M.L.) pidieron 3 años de prisión en suspenso con 360 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por la misma razón. Un dato no es menor: como la Justicia solo dio a conocer sus iniciales, no se sabe si son varones o mujeres.

De lo que no hay dudas es de que ambos eran integrantes de una asociación ilícita conformada por exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, y que se dedicaban a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales. El perjuicio ocasionado por R.A.L fue de $12,7 millones; y en el caso de A.A.M.L por $4,9 millones.

Narvaez sostuvo que la pena es justa y proporcional con el principio de culpabilidad. Agregó que este acuerdo permitirá a la fiscalía “optimizar los recursos y centrarnos en los niveles superiores de esta asociación ilícita”. La condena en este caso “implicaría para la fiscalía poder desistir de testigos y enfocarse en los jefes de esta estructura piramidal”, explicó el fiscal.

Ambas penas, en caso de ser avaladas por el juez de garantías que dirigió la audiencia, se sumarán a las que ya se impusieron a cinco acusados y acusadas en septiembre del año pasado y que fueron similares: éstas comprendieron a Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, malandras que aceptaron haber integrado la asociación ilícita.

Esos malvivientes realizaban tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra. 

Tanto las dos penas presentadas el viernes, como las cinco anteriores, son por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular. Se les comprbaron 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores.

Los otros delincuentes imputados en el caso, irán a juicio. El próximo martes está previsto que se realice la audiencia de control de la acusación en la Ciudad Judicial, que es el paso previo para la etapa de juicio (se estima que se realizará en marzo o abril próximo).

La maniobra se efectuó con distintos niveles de responsabilidad. En el rol de jefes están ubicado, además de Soiza y Di Luca, los siguientes malvivientes: Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social y Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Lo mismo el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. Mientras la provincia afrontaba la pandemia, estos se dedicaban a robales a los neuquinos.