La lucha contra la corrupción no se toma vacaciones

Lejos de tomarse vacaciones, la mentada tolerancia cero frente a los hechos de corrupción, que puso en marcha el gobierno que conduce Rolando Figueroa se aplicó de manera inapelable tanto en el último tramo de diciembre, como en lo que va de este agobiante enero.

Primero se conocieron los despidos de un puñado de (ahora) ex agentes de la administración pública, que no cumplieron con sus obligaciones éticas y laborales. Las cesantías (continuidad de las que se sucedieron a lo largo de 2024) recayeron sobre un sujeto que trabajaba en el hospital de San Martín de los Andes y sobre un empleado del Registro Civil.

El ex hospitalario -identificado como Ramón Segundo Meza- fue acusado de “acoso sexual”. En el expediente administrativo dieron por acreditado que espió a una compañera de trabajo, en la zona de vestuarios. En tanto, el ex administrativo del Registro Civil fue identificado como Roberto Walter González y acusado de ñoqui.

“Se encuentra debidamente acreditado que el agente González no se presentó a trabajar entre el 5 de septiembre al 5 de octubre del año 2022 y el periodo comprendido desde enero a julio del año 2023 inclusive (…) no obstante ello, los haberes fueron abonados en tiempo y forma”, dice el expediente. El propio gobernador impartió la orden de que se inicien las gestiones para obligarlo a devolver los sueldos que cobró de manera indebida.

A estos casos acaba de sumarse otro que genera más ruido político, en virtud de que salpica al ex gobernador Omar Gutiérrez, quien hizo de la construcción de canchas de césped sintético uno de los ejes de sus gestiones. Ahora, esas canchas (o canchitas, como en realidad se les dice) fueron auditadas por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), que encontró diversas irregularidades que merecen la apertura de un expediente para establecer si mediaron hechos de corrupción. Tanto es así que ya ha sido notificado el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén.

En efecto, el organismo que conduce la diputada nacional Tanya Bertoldi revisó la ejecución de 28 canchas que, a lo largo de 2023, tendrían que haber avanzado en distintos puntos de la provincia y a las que les asignaron un monto total de 1.543 millones de pesos. La Upefe detectó pagos por trabajos que jamás se realizaron, avances insignificantes en comparación con los montos que les fueron adelantados a las empresas constructoras, documentación insuficiente y la posible falsificación de firmas. En síntesis, se usó dinero de los neuquinos para pagar obras que no se hicieron.

Las irregularidades se detectaron tanto en canchas de fútbol de Mariano Moreno, Zapala, Villa La Angostura y Caviahue, como en la cancha de hockey de Junín de los Andes. Cada vez que anunciaba una nueva cancha o inauguraba alguna etapa de las obras, Gutiérrez solía decir: “No al alcohol y las drogas, sí al deporte”.

Es cierto que en distintas ciudades y pueblos, las canchas son utilizadas por los vecinos; pero también es cierto que construyeron canchitas en localidades cuyos habitantes no alcanzan a formar equipos y que se priorizaron las canchitas por sobre necesidades más importantes, como las conexiones a los servicios de agua y gas. Es obligación de las autoridades investigar si hubo algo extraño en eso.

Por lo pronto, está claro que el criterio que se usó en aquellos tiempos (recientes) para establecer las prioridades no fue el mejor. De hecho, tanto el monto de las obras, como la decisión política de priorizar estos trabajos por sobre el mantenimiento de las escuelas, la compra de patrulleros o el abastecimiento de los hospitales públicos, ha generado críticas.

Uno de los críticos fue el propio Figueroa, quien impuso un programa de austeridad en el gasto público para reforzar las partidas de las áreas esenciales y otro de distribución de recursos para lograr el desarrollo equilibrado de las distintas regiones de la provincia.

El combate a la corrupción ha sido (y es) uno de los ejes medulares de la gestión de Figueroa, que no admite hechos de esta naturaleza. El caso más importante fue el de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, quien fue destituida por la Cámara de Diputados que la consideró moralmente inhabilitada para ejercer el cargo. Ruiz también es objeto de una investigación judicial en la que está sospechada de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La acusan de haber defraudado al Estado tanto durante su gestión como intendenta de Plottier como en su breve paso por la presidencia de la Legislatura, a la que llenó de familiares contratados en la planta política. De hecho, el entramado de corrupción salió a la luz a partir de una investigación por manejos clandestinos de fondos públicos, que tiene como principal sospechoso a su hermano Pablo Ruiz.

A esto se suma el avance de la cusa judicial por la mega estafa con planes sociales. Es el caso por el que están procesados sujetos que fueron altos funcionarios del gobierno de Gutiérrez, como el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

La lucha contra la corrupción también incluyó denuncias contra dirigentes de partidos políticos y de organizaciones sociales que (también durante la gestión de Gutiérrez) oficiaban de intermediarios entre la asistencia social del Estado y las familias en situación de vulnerabilidad. El fiscal Pablo Vignaroli puso la lupa sobre referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Libres del Sur.

La continuidad del combate a la corrupción, la erradicación de los ñoquis y el cuidado extremo de los recursos del Estado con castigos para los pecadores -caiga quien caiga o le toque a quien le toque- es un hecho sin precedentes que sin dudas cuenta con el acompañamiento de la sociedad neuquina en su conjunto.