Estafas del pasado reciente, agitan el avispero
Los viejos -pero recientes- vicios de la política siguen saliendo a la luz y lo hacen con causas judiciales que intentan esclarecer el desvío de fondos que el Estado provincial neuquino destinaba a familias económicamente vulnerables, a las que jamás llegaron. Uno es el caso de los planes sociales (en el que está procesado el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca). Y otro es el de los programas de capacitación laboral, que en las últimas horas arrojó resultado. En ambos se investigan manejos fraudulentos y estafas millonarias, perpetradas durante los últimos años de la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez.
Lo nuevo es que, por pedido del fiscal Juan Manuel Narvaez, este viernes se realizaron tres allanamientos en las ciudades de Neuquén y Fernández Oro (a pocos minutos de aquí, pero en la provincia de Río Negro), destinados a saber qué ocurrió con los fondos del Programa sistema de promoción de empleo neuquino (que les confiaban a organizaciones sociales o piqueteras y que al parecer no llegaron a destino).
El juez de garantías Lucas Yancarelli autorizó los allanamientos en dos inmuebles ubicados en calle Santiago del Estero de Neuquén, y en la zona de chacras en Fernández Oro. La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado, en la cual se planteó que la provincia de Neuquén transfirió 1.183.438.560 (sí, más de mil millones de pesos) entre enero y diciembre de 2023 a la cooperativa Viento Sur, la cual no cumplió con la rendición que exige la Ley de Administración Financiera.
Además de Viento Sur está sospechada la cooperativa Cae Babylon; y según se pudo saber uno de los domicilios allanados pertenecería a un dirigente piquetero identificado como Diego Mauro. Escoltados por efectivos de la policía, los investigadores fueron en busca de dispositivos electrónicos, boletos de compra-venta y facturas, autos y documentos sobre una compra-venta de terrenos en la ciudad de Junín de los Andes o alrededores.
“El objetivo del allanamiento era poder determinar la vinculación que nosotros teníamos sospechada en la investigación entre las cooperativas Cae Babylon y Viento Sur", explicó el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
