La Justicia neuquina gastará $36,6 mil millones en personal

El gasto en personal de la Justicia neuquina demandará 36,6 mil millones de pesos, a lo largo del próximo año. Así lo prevé el proyecto de Presupuesto 2023, que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó en la Legislatura y que asciende a 40,3 mil millones de pesos en total.

La partida de sueldos es la más elevada. De hecho, la de bienes de consumo es de 320 millones y la de servicios no personales asciende a 2,6 mil millones de pesos. El proyecto establece, además, una planta de personal de 2.518 cargos, de los cuales 2.464 corresponden al personal permanente y 54 al temporario.

“En materia de recursos, el mayor volumen provendrá de la coparticipación federal de impuestos que aportará 27,6 mil millones”, destacaron desde el TSJ para agregar que “los recursos propios permitirán un ingreso de 750 millones y las contribuciones figurativas del servicio del Tesoro Provincial harán lo propio con 12 mil millones”.

El TSJ destacó que el proyecto fortalece el acompañamiento a la Justicia de Paz, “considerada un eslabón fundamental para el acceso a la justicia en el interior provincial, en especial para la atención de las víctimas de violencia familiar y de género”. También contempla el desarrollo de un programa integral de capacitación en perspectiva de género para todo el personal judicial, de acuerdo a los preceptos de la Ley Micaela.

Por otro lado, plantea que las políticas públicas incluidas en el proyecto de presupuesto apuntan a “la reorganización integral del Fuero de Familia, la Oficina de Violencia y equipos interdisciplinarios, que requieren de una importante asignación de recursos para consolidar el abordaje integral de la prestación, especialmente en materia de violencia y género”.

No obstante, la realidad demuestra que el fuero de Familia es uno de los que más recursos tienen y peor funcionan. De hecho, jueces y juezas son responsables de no garantizar el sagrado vínculo entre padres e hijos; y no se advierten acciones para revertir los perjuicios que les ocasionan a aquellos cuyos derechos deben garantizar y no garantizan; es decir los niños y las niñas.