Ex ministros estafadores piden más tiempo para defenderse
La causa que investiga un fraude al Estado en el que están involucradas, al menos, dos dirigentes de la izquierda neuquina volvió a moverse. Lo nuevo es que, por pedido de las defensas de dos acusados y con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF), una jueza de garantías resolvió extender por cuatro meses el plazo de la investigación.
El expediente está caratulado como delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública; y básicamente trata de arrojar luz sobre maniobras de desvío de fondos con los que una cooperativa debía financiar cursos de capacitación para personas desempleadas. Los delitos los perpetraron durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez.
El pedido de extensión de los plazos había sido realizado por los imputados Germán Chapino y Abel Di Luca, ambos ex ministros de Desarrollo Social durante la gestión de Gutiérrez. Pidieron más tiempo para elaborar sus estrategias de defensa. Di Luca, es un delincuente que ya ha sido condenado a prisión efectiva en otra causa: la del robo de planes sociales (delito que también perpetró durante el gobierno anterior). Ahora, en esta nueva causa, también están mencionadas (y tal vez involucradas) las dirigentes de izquierda Gladys Aballay (de Libres del Sur) y la ex diputada Gabriela Supiccich (del Partido Obrero). Aballay, incluso, pasó algunas horas demorada.
La fiscal Rocío Rivero indicó que resta producir medidas de prueba relevantes para sostener la acusación, entre ellas el análisis de información extraída de un teléfono celular, informes requeridos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y un estudio contable sobre pagos vinculados a los hechos investigados.
La investigación ya tenía acusados a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur por el presunto uso indebido de fondos entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, como la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de autoridades, la presentación de un plan de acción y la acreditación de capacitaciones realizadas. Pero el dinero se perdió misteriosamente en el camino.