Firme acusación de fiscales a ex funcionarios de Gutiérrez
Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narvaez consideraron probada la existencia de una asociación ilícita armada para perpetrar un fraude multimillonario contra la provincia de Neuquén. Lo hicieron durante sus alegatos en el juicio que ventila presuntas estafas con planes sociales, que les atribuyen a sujetos que fueron funcionarios (incluso de alto rango) durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Los fiscales afirmaron que a lo largo del debate se logró probar que 12 de los 14 imputados integraron una organización piramidal -en términos criollos, una banda delictiva- con fines ilícitos que cometió más de 9 mil estafas por un monto histórico superior a los 153 millones de pesos, que en la actualidad representarían más de 1.162 millones de pesos.
Lo que supuestamente robaron son partidas que estaban destinadas a familias económicamente vulnerables a las que jamás llegaron. Según se planteó durante el juicio, entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del ministerio de Desarrollo Social cometieron el atraco junto con sujetos que no tenían relación laboral con el Estado.
Los cobros se realizaron mediante el uso de tarjetas de débito ajenas, que se otorgaban a beneficiarios de planes sociales del programa específico que en algunos casos prestaban colaboración, pero que en otros ni siquiera sabían del beneficio.
El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos presentó al tribunal una estructura delictiva con jerarquías y funciones, de tipo piramidal, con el primer nivel a cargo de los supuestos jefes. Allí ubicó a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas; Abel Di Luca, ex ministro; y Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración, todos del mismo ministerio.
Según el fiscal Narvaez, “quedó acreditado a dónde iban los fondos: a las manos de Sanz y Osuna, que lo guardaban en la caja azul para Soiza, y que éste armaba los sobres para los referentes políticos”. Con esos argumentos, los fiscales pidieron al tribunal que declare la responsabilidad penal de todos los imputados por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores.
El planteo incluyó la distinción de que Di Luca, Soiza, Sanz, Osuna y Siengentharler participaron como jefes de esa asociación, por lo que en su caso, la responsabilidad atribuida es mayor.