La tolerancia cero suma un filtro indispensable
La tolerancia cero a los hechos de corrupción e indisciplinas, que tuvo sus manifestaciones más visibles tanto en la expulsión de ñoquis (y de delincuentes), como en la destitución de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz (imputada en causas que investigan fraudes al Estado) ingresó, ahora, en una nueva etapa: la de la prevención o si, se quiere, del rechazo preventivo. Eso acredita que el modelo que puso a rodar el gobernador Rolando Figueroa se afianza y se expande.
Con un par de acciones claras y contundentes, el mandatario dejó en claro que el asunto no se agota en los castigos (por cierto, disuasivos), sino que va más allá. De hecho, una de esas acciones radica en la ficha limpia; y otra en la presentación de declaraciones juradas, cosa que ya era obligatoria, pero que no se cumplía en su plenitud. Algo no es menor: no se hablaba del tema este de las declaraciones (en las que los funcionarios deben exponer sus bienes) y Figueroa lo puso en la agenda. Ya no habrá vuelta atrás.
El proyecto de ley de ficha limpia lo envió hace apenas unos pocos días a la Legislatura, donde -en principio- cuenta con los votos necesarios para su aprobación. “La tolerancia cero debe ser plasmada en una ley, no solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para quienes integren la planta política del Ejecutivo provincial”, resumió el gobernador.
Cuando se apruebe quedarán excluidos de los cargos políticos y electivos, quienes estén imputados con prisión preventiva, condenados por delitos dolosos comunes o federales, condenados por delitos de tráfico de estupefacientes, condenados por delitos del Régimen Penal Tributario, deudores al fisco condenados al pago, deudores alimentarios morosos o inscriptos en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
Tampoco podrán ser candidatos ni funcionarios de planta política (ministros, subsecretarios, directores, etc.) quienes hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública. Ese es el caso de Ruiz, ya que la Cámara de Diputados declaró su inhabilidad ética y moral para ejerecer el cargo.
Respecto de las declaraciones juradas, el gobierno de Figueroa ordenó una auditoría y concluyó que el cumplimiento es bajo, por lo que firmó un decreto que ya entró en vigencia, con la novedad de que a aquellos que no cumplan con la presentación de ese documento no se les pagarán los sueldos o no se los dejará asumir en el cargo. La declaración es una herramienta preventiva, frente a la posibilidad de enriquecimiento ilícito.
Los funcionarios de la planta política y quienes estén alcanzados por esta nueva norma quedaron obligados a presentar la correspondiente declaración jurada de su patrimonio, en un plazo máximo de 30 días hábiles. La medida es bien vista por la sociedad neuquina en su conjunto.
No hay dudas de que estas acciones vendrán a reforzar el cuidado de los recursos del Estado y que se complementarán con otras, como la que se dispuso para que el Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE) realice visitas a los domicilios de los docentes que presenten licencias médicas. Esta decisión viene a combatir los certificados médicos apócrifos (a los que popularmente se conoce como truchos), como los que de hecho han saltado a la luz.
En Neuquén hay un cambio de época. Y el combate a la corrupción se libra todos los días, caiga quien caiga, para ponerle fin a los vicios de la vieja política, que tanto daño le han hecho a la provincia y que abundaron durante las gestiones de Omar Gutiérrez.
El rumbo está claro y se avanza en ese sentido. En la semana, el gobernador firmó las expulsiones de distintos ahora ex agentes de la administración pública (algunos con condena por delitos); y negó las pretensiones del ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, quien está imputado por la Justicia penal en la causa por la que se investiga una estafa multimillonaria al Estado, perpetrada con el desvío de planes sociales que jamás llegaron a las familias vulnerables. Eso ocurrió, precisamente, durante el gobierno de Gutiérrez. En lo administrativo, Di Luca es objeto de un sumario en el que le retuvieron los sueldos. Pidió que le paguen y el gobernador dijo no.
El cuidado de los recursos también llevó a Figueroa a instruir a los organismos del Estado para que recuperen los sueldos que los cesanteados por ñoquis cobraron pese a que no trabajaron. Profundizar en ese rumbo es responder a las expectativas de la población y cuidar los recursos.