Con orden y redistribución, Neuquén logró superávit

El conflicto que atraviesa y del que ahora hay posibilidades concretas de salir (es decir el que se generó en la relación con el sindicalismo docente), no opaca de ninguna manera el crecimiento que evidenció la provincia de Neuquén, en un contexto complejo que comenzó con inflación galopante y con mezquindades políticas (de la administración nacional) que perjudicaron a las provincias.

En efecto. Muy a pesar de los recortes que ejecutó el gobierno de Javier Milei, el gobernador Rolando Figueroa cerró con superávit su primer semestre de gestión y hasta logró una relación razonable (y en ciertas áreas productivas) con Balcarce 50. Bajo ese prisma y sin miedo a caer en facilismos, podría hablarse del milagro neuquino. Sin embargo, quedan inequidades por resolver y erradicar, como se erradicó a la intermediación entre la ayuda social y aquellas familias que necesitaban y necesitan de la asistencia del Estado para salir adelante. Esas y otras acciones de gobierno refrendaron que aquello de ordenar para redistribuir no se agota en un slogan.

Durante los primeros seis meses del año, los ingresos por regalías y recaudación crecieron por encima del promedio de inflación y el resultado financiero fue de 272.469 millones de pesos. La ecuación fue la siguiente: los ingresos totales fueron de unos 1,9 billones de pesos, mientras que los gastos se ubicaron en 1,6 billones.

La coparticipación nacional bajó, pero a lo largo del semestre se afianzaron tanto las regalías de gas, petróleo e hidroeléctricas, como la recaudación propia. En paralelo, la administración provincial avanzó con su política de austeridad y eliminación de gastos innecesarios del Estado. Figueroa redujo la planta política, también la cantidad de vehículos y celulares, al tiempo que dio de baja a los planes que cobraban agentes del Estado y puso en marcha una serie de controles para erradicar a los ñoquis y hacer que los estatales cumplan con sus horas de trabajo (sabía que abundaban los vicios y trazó un plan para atacarlos).

La redistribución permitió reforzar las partidas de áreas esenciales (como Educación, Seguridad y Salud), al tiempo que la lógica -y también la prédica- hicieron que las compañías petroleras aportaran al plan de becas que garantiza el derecho a estudiar, a lo largo y ancho de la provincia.

La administración es visiblemente más ordenada que la de Omar Gutiérrez, en cuyo período se dilapidaron millones en estrategias que no rindieron (y no se corrigieron); entre ellas, las de un ministerio (el de Niñez, Adolescencia, etc.) al que no se le conocieron logros y que se dedicó a difundir acciones como conversatorios entre mayores, que no se trajuderon en beneficios para los menores. Ahora, sin ese ministerio, hay acciones como el programa de becas consagrado a garanrizar derechos de niños, niñas y adolescentes. La mega estructura no era necesaria.

El resultado, en general, es irrefutable: en lo que va de 2024, los ingresos subieron más que los gastos en comparación con 2023. Además de las inversiones en las áreas esenciales, el ordenamiento de las cuentas permitió el inicio de una serie de obras para poner a las rutas a la altura que esta provincia petrolera y turística merece. Parte de los recursos provendrán de créditos otorgados por organismos internacionales entre los que la provincia inspiró confianza.

La provincia ha logrado avanzar, pero con un conflicto que se dilató más de lo necesario: el del sindicalismo docente. Las apetencias sindicales (no exentas de ambiciones políticas) no es un tema que pueda resolver el gobierno, que incluso se hizo cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que este año dejó de pagar Nación. Pero sí debe procurar el compromiso para que el gremialismo (inmerso en una interna feroz) no vuelva a correr el arco, como lamentablemente lo hizo luego de haber rubricado un acuerdo que incluye la actualización salarial mediante el Indice de Precios al Consumidor (IPC).