Funcionario ladrón quiere más tiempo para armar su estrategia

La audiencia que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había pedido para acusar a un ex funcionario municipal de Andacollo, fue suspendida por pedido de su abogado defensor y se reprogramó. De este modo, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font que interviene en la causa le dio más tiempo al sujeto acusado de corrupción.

Básicamente, la defensa planteó que la notificación de la audiencia fue con 24 horas de antelación y que ese lapso no le resultó suficiente para evaluar la evidencia reunida por el MPF. El ladrón fue alcanzado por la tolerancia cero y es cuestión de tiempo para verlo donde tiene que estar: sentado en el banquillo de los acusados. Los tiempos cambiaron y quien las hace las paga.

El sujeto bajo sospecha fue identificado como Eduardo Argentino Zenteno (ex secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes del municipio), el mismo que -en noviembre último- fue acusado por otro hecho que lo tuvo como presunto integrante de una asociación ilícita con la que le robaron a la municipalidad.

La investigación que el MPF no logró formalizar aún, gira en torno a un hecho diferente: la apropiación de fondos públicos mediante operaciones de compra de combustible, según la información preliminar recolectada. Ante el pedido de suspensión de la audiencia, el fiscal jefe Fernando Fuentes, expresó: “Nos vamos a oponer. La propia naturaleza de la audiencia es la de anoticiar al imputado y a su defensor de la imputación y cuáles son los elementos probatorios con los que se cuenta hasta el momento”. Pero su queja no prosperó.

La jueza planteó, entre otros fundamentos, que “el tiempo en que se ha fijado la audiencia no ha sido prudente ni razonable para que en este caso la parte que solicita la reprogramación pueda haberse preparado correctamente…”.

Cabe recordar que en noviembre último, el sujeto este, Zenteno, fue acusado de conformar una asociación ilícita mediante la cual realizaron distintas maniobras defraudatorias que le causaron un perjuicio de alrededor de 128 millones de pesos a la municipalidad de Andacollo. Aquella acusación comprendió a otro funcionario público, Carlos Daniel Leiva y a dos comerciantes de la localidad, proveedores del municipio a través de un corralón particular. La fiscalía reunió suficientes elementos de prueba como para dar por acreditado que, entre otras cosas, robaron con la certificación fantasma de horas de alquiler de maquinaria vial que nunca fueron ejecutadas pero que el municipio pagó; y con la disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal.