La extorsión salió mal y fracasaron hasta como matones

El fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat solicitaron la suspensión de juicio a prueba para cinco delincuentes acusados por un intento de extorsión a un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario.

El planteo fue admitido por la jueza de garantías Carina Álvarez durante una audiencia, en la que se fijó el monto de la reparación económica y las pautas de conducta que deberán cumplir, entre ellas la prohibición de acercamiento respecto de la víctima.

El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario. Según la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y, en tono mafioso, le espetó al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”. Lo hizo en alusión a un contacto telefónico previo en el que se identificó como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y exigió el pago de $4.000.000 para permitir que continuara la construcción del galpón.

De acuerdo con la teoría del caso, tras la negativa de la víctima, el cobarde se retiró y regresó dos horas más tarde junto al resto de los matones fracasados, ocasión en la que reiteraron la exigencia económica. Ante la situación, se dio aviso a la policía, que demoró a tres de los involucrados en el lugar e impidió que la maniobra se concretara.

El delito fue calificado como extorsión en grado de tentativa. Como parte de la salida alternativa, cada imputado deberá abonar $1.000.000 en concepto de reparación económica, lo que totaliza $5.000.000. Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil y cumplir diversas reglas de conducta.

La magistrada fijó distintos plazos de suspensión del proceso según el grado de participación atribuido: 2 años y 6 meses para F.V.J.O.; 1 año y 6 meses para L.A.M. y A.J.A.; y 1 año para L.A.A. y E.F.A.C. cinco tristes rateros que fracasaron hasta como matones.

Desde la Justicia neuquina se dijo que los nombres completos de los imputados se mantienen en resguardo debido a que, si cumplen las condiciones impuestas durante el plazo de suspensión, la acción penal se extinguirá y no registrarán antecedentes penales por este hecho.