Neuquén: la purga con mayor consenso social

La decisión de limpiar al Estado de conductas inadmisibles sigue adelante en Neuquén. En diciembre de 2023, a pocas horas de haber asumido, el gobierno provincial marcó un punto de inflexión: desde entonces, no hay espacio para la impunidad ni el incumplimiento de los deberes básicos de un agente o funcionario público. Y esa determinación encontró un respaldo pleno en una sociedad que llevaba años reclamando reglas claras y sanciones efectivas.

La administración de Rolando Figueroa dejó en claro que no se toleran abusos, privilegios ni delitos dentro de la estructura estatal. El que las hace, las paga. Y la tolerancia cero es claro ejemplo de ello. Los casos se suceden semana tras semanas y esa lista (ya extensa) se sumaron otros dos, que acaban de conocerse.

Uno es el caso del médico Marcelo Ignacio Fernández, que en cierto modo sintetiza por qué esta política cuenta con amplio consenso social. Las denuncias por acoso y abuso sexual no sólo describen conductas individuales aberrantes, sino también una falla sistémica: durante demasiado tiempo, hechos graves fueron naturalizados o invisibilizados. La expulsión de un profesional acusado de vulnerar la integridad de tres de sus compañeras de trabajo (en el centro de salud de Villa Traful) envía un mensaje contundente: el poder o el título ya no funcionan como escudos. Hay un cambio de época.

No se trata únicamente de sancionar un hecho puntual, sino de romper una lógica de tolerancia pasiva que terminó protegiendo a los victimarios y desamparando a las víctimas. Que el Estado haya actuado, y lo haya hecho con los instrumentos administrativos correspondientes, es una señal política y cultural: la administración pública no puede ser refugio de conductas que la sociedad condena. De hecho, desde diciembre de 2023 no lo es.

En el otro extremo, el despido de Guillermo Elgueta, quien era planta permanente del EPEN, muestra que la vara es la misma para todos. La indisciplina, el ausentismo crónico y el desprecio por las obligaciones laborales también constituyen faltas que no pueden admitirse. Este ahora ex agente fue despedido “en razón de las inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo los días laborales comprendidos entre el 3 de septiembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, inclusive”.

La purga tiene amplio consenso porque constituye un saneamiento largamente postergado. La ciudadanía esperó durante años un gobierno que se animara a poner orden, sin eufemismos ni excusas corporativas y es por eso que los ciudadanos apoyan la expulsión de ñoquis, delincuentes e indisciplinados.