Diputada neuquina relativiza un delito peligroso

En una abierta maniobra tendiente a relativizar un delito que ha demostrado ser en extremo peligroso, la diputada provincial neuquina por el Frente de Izquierda, Julieta Ocampo, rechazó el proyecto que debate el Congreso de la Nación, para modificar el Código Penal e incorporar penas de entre 3 y 6 años a quienes realicen denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales o por violencia de género. De aprobarse, quienes delinquen terminarán en la cárcel.

“Quieren criminalizar a las mujeres que denuncian violencia de género, quieren sembrar miedo en aquellas mujeres que se animan a ir contra los violentos”, aseguró Ocampo.

A comienzos de abril se supo que, con impulso de la jefa libertaria Patricia Bullrich, el oficialismo comenzó a reflotar -en el Senado- el proyecto de la radical Carolina Losada para agravar penas por denuncias falsas, con agravantes en caso de acusaciones por violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual.

Cabe recordar que en 2025, con aval del entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que lo fue a defender al Senado, se llegó a dictaminar pero no se votó en el recinto. El problema de las falsas denuncias no es nuevo, sino un flagelo que ya tiene varios años (que nació como peligrosa tendencia de época) y que les arruinó la vida a padres e hijos por igual, al impulso de jueces de Familia cooptados por la doctrina del feminismo extremo.

Lamentablemente, casos hay muchos. Y entre los más aterradores se encuentra el del suicidio de un chico de 18 años, en Bariloche. El muchacho se quitó la vida, en 2018, luego de sufrir una serie de escraches a partir de la publicación de una joven en su contra, por un presunto abuso sexual que nunca existió. La chica admitió que había mentido y dijo que lo hizo porque estaba “enojada”. Hoy, la diputada neuquina Ocampo omite referir a atrocidades como aquella.

Pero, esta diputada no sólo omite deliberadamente el caso del adolescente de Bariloche, sino que además asume la pública defensa de posiciones cuyos relatos son flagrantes mentiras que nada tienen que ver con las pruebas que se producen en la Justicia; incluso defiende -sin argumentos válidos- a personas que han sido condenadas en virtud de sus delitos. Como diputada tiene un deber social, una responsabilidad moral con la ética y con la legalidad; sin embargo, Ocampo se desentiende de sus obligaciones básicas y utiliza la herramienta de la violencia política, con lo que perjudica no sólo a ciudadanos (incluidos niños y niñas), sino también a las mujeres que realmente necesitan ayuda. Desde su banca, defiende a personas que han hecho y hacen múltiples denuncias falsas en la Justicia y en las redes sociales, donde se exponen incluso a menores y personas inocentes (sin pagar hasta ahora las consecuencias que corresponden) y se la ve junto a ellas en manifestaciones callejeras.