De ministros a procesados: penosa metamorfosis
Ese es el pasado y presente de dos ex altos funcionarios de la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez
El Ministerio Público Fiscal amplió la formulación de cargos en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos otorgados a la cooperativa Viento Sur e imputó a los ex ministros que autorizaron los pagos del programa. Según la acusación, la maniobra provocó un perjuicio al Estado provincial de $1.208.657.600 a valores históricos. La estafa la perpetraron desde el ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez.
La acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien intervino junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, el asistente letrado Facundo Bernat y la asistente letrada Agustina Jara. Además, la Fiscalía de Estado adhirió a la formulación de cargos y acompañó los pedidos del Ministerio Público Fiscal. Lo que se dice, todo el peso de la ley.
La investigación ya tenía imputados a seis delincuentes que eran integrantes de la cooperativa por el uso indebido de fondos entregados a través del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado en 2022 por el entonces ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
Ese programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de sus autoridades, la presentación de un plan de acción, la confección de un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Con la ampliación de la acusación, fueron incorporados los ex ministros Abel Di Luca y Germán Chapino, a quienes se les atribuyó autorizar pagos mensuales sin verificar esos requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes. La fiscalía sostuvo que los desembolsos comenzaron el 18 de julio de 2022 -un mes antes de la firma del decreto- y se extendieron hasta diciembre de 2023, el último mes del gobierno de Gutiérrez.
Los dos ex ministros fueron hombres de confianza de Gutiérrez; y Di Lucca (quien ahora cuestiona a quien fue su jefe) también fue uno de los condenados por la estafa con planes sociales. Le dieron cinco años de prisión por su responsablidad en las maniobras delictivas con las que desviaron fondos que estaban destinados a familias de bajos recursos económicos.
Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. La maniobra constituyó un hecho único sostenido en el tiempo -con ejecución continuada entre julio de 2022 y diciembre de 2023- mediante el cual se desvió de manera sistemática un conjunto de aportes no reintegrables con destino específico, configurando una defraudación mediante abuso de las funciones y violación de los deberes de control.
Finalmente, por pedido del fiscal jefe Vignaroli y de la fiscal Rivero, el magistrado también dispuso la inhibición general de bienes respecto de los dos nuevos acusados, una medida que ya regía respecto del resto de las personas acusadas.
