Reincidente: otra condena contra el Banco Patagonia
Ahora lo castigaron porque un cliente recibió intimaciones judiciales que eran truchas
El Banco Patagonia -agente financiero del gobierno de la provincia de Río Negro- fue condenado una vez más. Ahora por una causa judicial en la que se investigó la estafa a un cliente que recibía correos electrónicos que simulaban ser notificaciones judiciales. La condena también alcanzó a una administradora de deudas y el gobierno rionegrino sigue mirando para otro lado, pese a los perjuicios sistemáticos contra los clientes.
Según se indicó al respecto, un hombre recibió varios email en los que se le exigía el pago de una deuda originada en una tarjeta de crédito. Las comunicaciones no detallaban el monto reclamado ni la documentación que respaldara el reclamo. Estos mensajes incluían advertencias sobre embargos y medidas judiciales.
El banco sostuvo que el hombre incurrió en mora por falta de pago del resumen de su tarjeta. También explicó que cedió las deudas de sus clientes a una administradora de un fideicomiso financiero. Esta entidad se especializa en la gestión y recuperación de deudas, y administra saldos impagos de entidades bancarias. Además, envía reportes para exigir la regularización de deudas.
Ante la falta de información precisa, el cliente inició una demanda, amparado en la Ley de Defensa del Consumidor. El fuero Civil de Roca hizo lugar al reclamo y condenó al banco y al fideicomiso por los daños y perjuicios ocasionados.
El juez recordó que en este ámbito rigen los deberes de información y de trato digno, así como el principio de carga dinámica de la prueba. Consideró acreditado que el hombre recibió reiteradas intimaciones con apariencia judicial, sin respaldo documental suficiente y sin una comunicación adecuada sobre la cesión del crédito.
Concluyó que existió incumplimiento del deber de información, ya que el banco no notificó la operación de modo fehaciente. Las comunicaciones vulneraron el deber de trato digno al otorgar apariencia de reclamo judicial.
Tanto el banco como la cesionaria resultaron responsables en forma concurrente: el Banco Patagonia por no informar la cesión y Creditia por las prácticas de cobro a través de gestores externos.