¿Los estafadores planeros la sacaron barata?

El caso de los estafadores planeros es sobradamente conocido: son ex funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez, que perpetraron una estafa multimillonaria contra la provincia de Neuquén, a partir del robo de planes sociales que jamás llegaron a las familias de bajos recursos económicos a las que estaban destinados. La causa fue extensa y la expectativa enorme. Ayer se conocieron las penas y quedó flotando una pregunta ¿La sacaron barata estos ladrones?

Todo parece indicar que sí. De hecho, la Fiscalía de Estado, que conduce Raúl Gaitán, ya anunció que apelará la sentencia (ante un tribunal de alzada) y pedirá que se los castigue por la figura de asociación ilícita, que contempla penas de hasta diez años de prisión. Mientras que, en el fuero Civil, avanzará en la recuperación del dinero que se robaron.

Esa decisión va en sintonía plena con la tolerancia cero a los hechos de corrupción y el delito, que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa, ni bien asumió en diciembre de 2023, hace exactamente dos años. Desde entonces hay un cambio de época y no se toleran aquellos episidios que indefectiblemente remiten a los vicios y maniobras oscuras de la llamada vieja política. 

Los reos y las condenas

En la audiencia de fijación de penas, el tribunal estableció las condenas para los doce delincuentes declarados penalmente responsables por las estafas con planes sociales cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022. Sí, en efecto, les robaron a la provincia y a los pobres, en plena pandemia. Una crueldad superlativa.

La banda de hampones la integraron, entre otros, Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social; Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración; y Ricardo Soiza, ex director general de Planes Sociales, quienes fueron condenados a 5 años de prisión efectiva y tuvieron las penas más altas.

La instancia se desarrolló luego del pedido formulado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y por el fiscal del caso Juan Narvaez, quienes habían requerido penas de cumplimiento efectivo para todas las personas involucradas.

El tribunal fijó penas de prisión efectiva para Néstor Pablo Sanz, a quien le impuso 4 años y 6 meses; Marcos Osuna, 4 años; y Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Alfredo Cury, con 3 años y 6 meses. Finalmente, Laura Carolina Resnik, Isabel Natalia Montoya, Valeria Noemí Honorio y Emanuel Rodolfo Victoria Contreras fueron condenados a 3 años de prisión condicional.

Además, los jueces dispusieron -según lo solicitado por la fiscalía- la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, las accesorias legales correspondientes y el pago de las costas del proceso. No hicieron lugar a los decomisos de bienes de los imputados, en tanto que se probó que hayan sido adquiridos con el dinero de las defraudaciones, pero se advirtió que podrán ser reclamados en los procesos que, en otro fuero, lleva adelante la Fiscalía de Estado.

La millonada que se llevaron

Durante el debate en el que se solicitaron las penas, el fiscal Vignaroli advirtió que se trató de “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”, en un perjuicio acreditado por $153.377.900 (que representan más de $1.200 millones en la actualidad) , y solicitó penas de hasta 6 años de prisión efectiva.

A la audiencia se llegó con las y los condenados declarados responsables por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, según resolvieron de manera unánime los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees en el veredicto previo. Es que el tribunal descartó el delito de asociación ilícita, que la Fiscalía de Estado quiere que se aplique (y es por eso que apelará).

La maniobra investigada consistió en la utilización ilegítima de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenían los plásticos. Una parte del subsidio quedaba para el beneficiario y el resto se dirigía, según sostuvo la fiscalía, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Antes de este juicio, otros nueve malvivientes ya habían sido condenados por su participación en tareas complementarias de la estafa, con penas de tres años de prisión condicional tras reconocer los hechos, es decir tras reconocer la condición de delincuentes.